Rosario: Comenzó el juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco
Son acusado 19 efectivos de la policía provincial, varios de ellos de la comisaría 7° de Rosario. La Multisectorial contra la Violencia Institucional convocó en sus redes a concentrar en las puertas de Tribunales Federales.
Este lunes comienza un esperado juicio en el Tribunal Oral Federal de Rosario. Serán juzgados 19 efectivos de la policía provincial de Santa Fe, tras cumplirse siete años de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Franco Casco. El joven era oriundo de Florencio Varela y había venido a Rosario a visitar a una tía en octubre de 2014.
Las audiencias de la causa de Lesa Humanidad por desaparición forzada seguida de muerte se llevarán a cabo en modalidades presenciales y también por videoconferencia los días 6, 16 y 28 de diciembre de este año, 8 y 9 de febrero de 2022 y todos los días jueves y viernes posteriores hasta la finalización del juicio, confirmaron voceros judiciales.
Primeras palabras
En la previa al juicio, el abogado de la familia de la víctima, Salvador Vera, analizó la jornada: "La perspectiva es que se devele todo lo que ocurrió".
Vera lamentó que no se pudiera llevar al banquillo a autoridades políticas que, según explicó, influyeron en el ocultamiento de la causa: "Lamentamos que en este juicio sean sólo policías y no otros actores políticos que tuvieron un rol muy fuerte en el ocultamiento de evidencias. Esa fue la parte que hemos fallado y no logramos traer a juicio".
La desaparición forzada es una figura que necesita de encubrimiento y negativa a informar. Según Vera, eso fue lo que sucedió: "Hubo algunos funcionarios del ministerio de Seguridad que tuvieron un rol activo en el ocultamiento de la detención de Casco. De hecho se plasmó en la disposición de fondos para pagar los honorarios de los abogados defensores de los agentes de la división de asuntos internos que eran los que investigaban a sus pares".
"Acá se evitó la investigación y se pagó la defensa de los policías", sostuvo. Alrededor de la mitad de los imputados por la desaparición forzada como coautores y aplicación de tormentos están en libertad y el resto con prisión preventiva.
El caso
Franco Ezequiel Casco fue detenido en la vía pública de Rosario por personal de la Comisaría 7ma el 6 de octubre de 2014, cuando se dirigía a la Estación Rosario Norte para tomar un tren de regreso a su domicilio en Florencio Varela, tras haber visitado la ciudad.
Como consta en el expediente de la causa, los efectivos sometieron a torturas al joven en la propia comisaría, donde perdió la vida. Luego durante veinticuatro días, los familiares no tuvieron conocimiento de su paradero, debido a maniobras de ocultamiento realizadas por los imputados del caso y por la reticencia a brindar información de todo el personal de la comisaría.
Desde la dependencia incluso se creó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención. Finalmente el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, rescatado por la Prefectura Naval, y en la autopsia salió a luz lo ocurrido, presentando signos de violencia previo a la inmersión, al igual que ocurrió luego con los casos de Gerardo Pichón Escobar (casi un año después en agosto de 2015) y Carlos Bocacha Orellano (en febrero del 2020).
En el escrito de la querella al momento del procesamiento de los policías aseguraron que las torturas y la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco "no constituyen un caso aislado sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales".
Acusa a los 19 imputados por la desaparición forzada seguida de muerte y torturas a Franco Casco el fiscal general Oscar Fernando Arrigo, y el Tribunal estará a cargo de los jueces Otmar Paulicci, Beatriz Caballero de Barabani y Osvaldo Facciano.
La Defensoría General de la Nación es parte de la acusación de la querella en la causa en representación de Ramón Casco (padre del joven), y ésta había efectuado la imputación y solicitado las indagatorias de los integrantes de la policía de Santa Fe. Es parte acusadora en forma excepcional, debido a que es una causa de violencia institucional, ya que Franco al ser llevado a la Comisaría no tuvo defensa pública propia.
La Multisectorial contra la Violencia Institucional convocó en sus redes a concentrar en las puertas de los Tribunales Federales en Oroño 940 desde las 8.30 de la mañana, “por la memoria de Franco Casco y de todes les pibes víctimas de violencia institucional”.
En marzo de este año el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Germán Sutter Schneider y Ricardo Moisés Vázquez, prorrogaba por nueve meses las prisiones preventivas a los 19 procesados.
De los cinco que cumplen la medida cautelar efectiva, cuatro se encuentran en el penal de Marcos Paz y uno en la dependencia de la PSA en Rosario; para el resto la medida fue morigerada y permanecen en arresto domiciliario.
La prórroga de la medida cautelar para los acusados de detener, torturar, matar y arrojar al río Paraná a Franco Casco ya es la tercera, y ya vencieron los plazos que establece la ley para mantener a personas detenidas sin juicio ni condena.