Marcelo Galaz, exfuncionario del senador Dionisio Scarpin, está acusado de abusar de su sobrina cuando ésta era menor de edad. La causa apunta a la corrupción de menores y al perjuicio contra la salud de la joven, además de otros delitos menores, cargos que el acusado reconoció y por los que se pidieron 32 años de condena.

"Los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre", relató al respecto el procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre.

Sin embargo y por cuestiones pocos claras para la familia de la damnificada, Galaz acordó con la querella (a cargo del fiscal del MPA, Aldo Gerosa) una pena de solo siete años, más una multa económica de seis millones de pesos.

En este cuestionado acuerdo aparece vinculado la figura del senador radical Ofilio Marcón como pieza clave para llegar al abreviado.

Este martes hubo novedades en la causa con un informe del auditor del Ministerio Publico de la Acusación, Leandro Mai, donde pide que se avance en el proceso para sancionar al fiscal Gerosa. 

Mai consideró que el fiscal de la ciudad de Reconquista debe ser destituido de su cargo por su actuación en el caso en el que presionó y violentó a la víctima, e intentó propiciar un juicio abreviado. Considera que en el caso del fiscal “procede la sanción de destitución en el cargo”. 

El imputado, identificado como Marcelo Galaz, fue beneficiado con prisión domiciliaria -al día de hoy permanece en su casa- y con un juicio abreviado.

El juez Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo entre Galaz, y la mujer que ahora es mayor de edad.

El auditor Mai concluyó que el fiscal Gerosa, que se desempeña como jefe de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género Sexual y Familiar, (Gefas) de Reconquista cometió faltas que "revisten de entidad suficiente como para poner en crisis su continuidad en el cargo".

"Esta auditoría se inhibe de continuar el presente procedimiento disciplinario en el entendimiento que en el caso en concreto procede la sanción de destitución en el cargo", indica el dictamen de Mai.

La destitución de un fiscal es potestad de la Legislatura de la provincia, razón por la cual el auditor concluyó su informe.

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