La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy que iniciará un proceso de aislamiento de los presos “de alto riesgo y máxima seguridad” detenidos en cárceles federales e involucrados en las últimas amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien debió sacar a su familia de la ciudad de Rosario luego de reiteradas intimidaciones.

“Estas personas van a estar aisladas y no van a poder tener ningún contacto con nadie hasta que se esclarezcan estos temas”, dijo la ministra, para agregar que desde la cartera a su cargo se han dispuesto “una serie de medidas que hoy se van a llevar adelante, con presos de alto riesgo y máxima seguridad que están en cárceles federales”.

En declaraciones a la prensa que realizó a la salida de su domicilio, Bullrich explicó que dio instrucciones al subsecretario de Políticas Penitenciarias, Julián Juri, para que “aquellos que se considera prima facie por la Justicia de Santa Fe que serían los que están llevando adelante las amenazas, van a entrar al programa de alto riesgo".

Las medidas dispuestas apuntan al aislamiento de los presos considerados de “alto perfil” alojados en prisiones federales, sobre los que el Poder Judicial santafesino tenga sospechas de estar detrás de las amenazas recibidas por el gobernador santafesino, quien recibió el menos dos mensajes intimidatorios la semana pasada y ayer.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy al tema en su habitual rueda de prensa en la que expresó la “solidaridad y apoyo al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia por las amenazas recibidas”.

Adorni afirmó que “es decisión del Presidente de la Nación (Javier Milei) que los Ministerios de Defensa y Seguridad trabajen en conjunto para terminar con las mafias que hoy dominan parte de la República Argentina”.

Bullrich también dialogó ayer con Pullaro –tras recibir la última de las amenazas- y mantuvo un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

“Tenemos identificados de dónde provenían, sabemos quiénes son los autores”, dijo Scaglia esta mañana en declaraciones a Radio “Continental”.

“Pero lo que estamos haciendo -continuó la vicegobernadora- es tratar de llevar tranquilidad a la gente, y les contamos que nosotros no vamos a ceder frente a las amenazas”.

Scaglia aseguró que las balaceras a edificios públicos y la distribución de notas intimidatorias “es el modus operando que tienen las bandas narco, para que el Estado ceda en la lucha contra el narcotráfico”.

Tanto el Gobierno provincial como el fiscal que investiga las amenazas a Pullaro coinciden en que se trata de una “reacción” de presos de alto perfil a las medidas de endurecimiento de sus condiciones de detención adoptadas por la nueva gestión santafesina.

“Vamos a seguir trabajando en el Servicio Penitenciario para que los presos de alto perfil cumplan su condena, estamos haciendo requisas todas las emanas en el Servicio Penitenciario de Santa Fe”, sostuvo Scaglia.

El Gobierno local informó hoy que se realizaron requisas en la cárcel provincial ubicada en la localidad de Piñero, cercana a Rosario, y en la Alcaidía de la Unidad Regional XVII, de la ciudad de San Lorenzo.

Durante el fin de semana “se realizaron varias requisas sorpresivas en los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero, en los que secuestraron 13 celulares, pendrives, objetos cortopunzantes, tarjetas de memoria, cuadernos con anotaciones, un router, juegos de playstation y 63 CDs”, detalló la comunicación oficial.

Las autoridades recordaron que “las requisas preventivas se hacen en los distintos sectores, sobre todo en los que están alojados los integrantes de las conocidas bandas delictivas de Santa Fe, luego de que fueran trasladados a pabellones de máxima seguridad en los primeros días de la gestión de Maximiliano Pullaro al frente del Gobierno de la provincia”.

En los últimos días fueron imputados con prisión preventiva un hombre y un joven de 18 años que, en distintos hechos, fueron detenidos con notas amenazantes dirigidas al gobernador y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

El fiscal Carbone también investiga tres balaceras ocurridas en pocas horas entre el 13 y el 14 de diciembre pasados al cajero automático de un banco, un hospital y una escuela públicas, en los que los autores dejaron notas intimidatorias.

En todos los casos, las amenazas fueron “firmadas” por presuntos detenidos en pabellones de alto perfil, aunque la autoría intelectual de los ataques aún está en investigación.

Pullaro reveló ayer por la mañana, mientras encabezaba un acto en el remodelado edificio del Registro Civil de Rosario, que minutos antes la Policía había encontrado una nueva amenaza dirigida a su familia, dejada en la sede local de la Dirección Nacional de Migraciones.

"Los primeros veinte días (de gestión) dejé a mi familia encerrada en un departamento. Vivo en un departamento pequeño, por lo cual no la pasaron bien, y ahora la saqué de la ciudad, porque no creo que tengan que andar con diez personas de custodia permanentemente porque esos recursos se los sacás a la calle”, dijo la semana pasada el magistrado provincial.

“Yo me la aguanto porque sé en lo que me metí y en las acciones que llevamos adelante, pero no le vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran", abundó.

Por su parte, Bullrich adelantó en relación a las intimidaciones que “se está trabajando para que, de acuerdo a lo que nos diga la Justicia, se castigue a las personas que las están practicando”.

En relación al lanzamiento del “Plan Bandera” en Rosario, con fuerzas de seguridad federales, sostuvo que “ya se está trabajando” pero “es temprano para hacer una evaluación”.

“Hay un control territorial mucho más amplio, hemos tomado el control de tres barrios en los que estamos trabajando, en conjunto con policía de Santa Fe que lo hace en otros barrios”.

La ministra dijo que uno de los objetivos es “disminuir la capacidad de movimiento que tienen los sicarios y los que han asesinado tanta gente en la ciudad de Rosario”.

La principal ciudad de Santa Fe terminó el año 2023 con 259 casos de homicidios, 28 menos que en el período anterior, pero con una tasa que quintuplica la media nacional.