Cooperativa local busca sentar precedente por una ley de hábitat autogestionario

Gustavo Schnidrig

Kena Reyes ya no llora de emoción (ella misma lo confiesa) al evocar los largos días que pasó sin animarse a estrenar el baño, irresoluta "ante tanta belleza". Era principios de los '90, en la coronación de una primera lucha colectiva que los convenció de que "otro mundo es posible" y los envalentonó a iniciar esa otra batalla que caía por el propio peso del deber histórico: la de transmitir lo aprendido para que otros colectivos puedan replicarlo. "Sin copia ni calco."

Fue en Puerto Madero, al límite con el barrio porteño de San Telmo, donde Kena y sus compañeros gestaron la experiencia piloto que con los años derivaría en la conformación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), una organización de base que desde la década de 1980 lucha por el derecho a la vivienda autogestionaria.

Aquella primera ocupación fue en una exfábrica de Ceresita: "Era un galpón largo que dividimos en varios cuartos con chapas y cartones. Éramos jóvenes y requirió de mucho aprendizaje para conocernos con los primeros compañeros y sumar los conocimientos de muchos profesionales", recuerda Kena, actual directiva del MOI e integrante de la cooperativa La Unión.

Claro que por aquella época Puerto Madero aún no era Puerto Madero. "Todavía estaban las dársenas", rememora con simpatía sobre uno de los barrios más cotizados de Caba. Más directo, Néstor Jeifetz —también directivo fundador del MOI— lo señala como "el paradigma de las consecuencias de regalarle los suelos a la lógica inmobiliaria". Recuerda entonces que Puerto Madero se levantó sobre terrenos fiscales y en viviendas sociales contruidas por el Estado, luego vendidas "a la especulación individual e inmobiliaria" por unas pocas monedas.

"A nosotros, y tras una larga lucha, el terreno nos terminó saliendo 150 mil pesos/dólares. Lo señamos con 15 mil pesos, y el resto a pagar en ocho años... ¡en pleno Puerto Madero!", apoya Kena.

— Lo malo es que los demás compradores no se asentaron sobre proyectos colectivos— , ironiza su compañero.

Un escenario promisorio

Kena, Néstor y María Carla Rodríguez participaron de la asamblea realizada en nuestra ciudad el pasado miércoles, en el centro social y cultural El Birri, para dar a conocer el proyecto de ley nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular que a fines de abril ingresó por tercera vez al Congreso Nacional.

Tener un marco normativo es la gran lucha del sector, porque todo se hace cuesta arriba sin ese vital instrumento. Tal fue el espíritu de lo transmitido por Kena, Néstor y Carla, y que se hayan acercado a Santa Fe no fue casualidad. Es que la sede local del MOI tiene intenciones de pisar fuerte en el armado de una experiencia autogestionaria local que pueda convencer sobre la idoneidad de la propuesta para saldar derechos colectivos.

En la ciudad trabajan desde hace 8 años, pero hoy la cuestión adquiere otro relieve al abrirse algunas puertas necesarias. Paz Coniglio, referente de la organización local, destaca la necesidad de que el Estado acompañe desde todas sus aristas. Y es lo que estaría sucediendo: la cooperativa de vivienda Alba Iberá, perteneciente al MOI, está a la puertas de convertirse en la primera experiencia de construcción cooperativa y autogestionaria de espacios comunitarios en la provincia con el aval explícito de los gobiernos provincial y municipal.

Ambos ejecutivos dieron el visto bueno, por separado, a la posibilidad de construir un módulo habitacional de unas 36 viviendas en la ciudad de Santa Fe. El proyecto fue presentado por Alba Iberá a partir del trabajo de sus profesionales y hay incluso hasta un terreno propuesto. Solo resta que Provincia y Municipio se pongan de acuerdo en detalles menores, gestiones que el MOI viene intentando acelerar con encuentros entre ambas partes para terminar de fijar detalles.

Representantes de ambos Ejecutivos participaron además del convite en El Birri. Tal fue el caso de la directora de Hábitat local, Paola Pallero, y no menos importante fueron las presencias de investigadores universitarios e integrantes del Colegio de Arquitectos, con quienes el MOI tiene interés de profundizar lazos. De ambas partes, quienes tomaron la palabra coincidieron en lo "mucho" que falta por "aprender" y "avanzar" en el tema. También estuvo presente la concejala Laura Mondino.

— ¡El patrimonio estatal tiene que materializar los derechos del pueblo y no los de las inmobiliarias!— , entona a viva voz Néstor y a conciencia de su auditorio.

Nacionalizar y profundizar la 341

El proyecto de ley impulsado por el MOI fue redactado por el Colectivo de Hábitats que integra junto al Movimiento Territorial Liberación (MTL), la Federación Todos Juntos y la Federacón Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

Su primer ingreso al Congreso de la Nación fue en 2016, con la firma por el entonces diputado peronista y actual subsecretario de Obras Públicas nacional, Edgardo Depetri. En aquella ocasión logró obtenerse dictamen favorable en las dos primeras comisiones, pero luego perdió estado parlamentario.

El segundo ingreso se dio el 30 de mayo de 2019, encabezado por el todavía legislador del Movimiento Evita, Leonardo Grosso: "Iniciativa que contó con el apoyo de casi todos quienes luego integraron el gobierno del Frente de Todos, como por ejemplo Daniel Arroyo, a los que se sumaron dos firmas del FIT", resalta Néstor Jeifetz.

El último ingreso fue a fines de abril, encabezado por la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha y con el acompañamiento de otros 24 legisladores. La presentación se hizo en el Centro Cultural Kirchner y ante la presencia del presidente Alberto Fernández. "Firmaron muchos compañeros como Juan Carlos (Alderete; guiño a las y los integrantes de la CCC presentes) y el propio Arroyo", explicó Néstor en la asamblea de El Birri.

Entre sus puntos más salientes, la ley propone la creación de un banco de inmuebles (prioritario para viviendas estatales con fines autogestionarias) y un fondo de autogestión, así como la recuperación de los inmuebles ociosos y las herencias vacantes. Propuestas que aparentan osadas (a la luz de la realidad) pero que tienen su amparo legal:

—Con nuestros abogados y con profesionales del Inaes llegamos con certeza a la conclusión de que no hay obstáculo legal en el Código Civil y en la legislación argentina para que una cooperativa sea impedida de mantener sus hábitats bajo un sistema de usuarios—, remarca Carla Rodríguez.

Más aún, bajo esta premisa fue que los primeros integrantes del MOI, junto a otras organizaciones, lograron, en 1996, colarse en el debate e introducir un artículo en la Constitución de la flamante Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habla explícitamente del derecho al hábitat. Se logró concretamente que, en su artículo 31, la carta magna de Caba plantee literalmente la promoción de "los planes autogestionados".

— Y fue así como nos agarramos de estas palabritas para luchar por su especificidad normativa: transformar la letra constitucional en ley— , comenta Néstor.

Inició entonces una primera etapa del MOI, una organización en gestación que, sobre la experiencia personal adquirida en las distintas tomas, en el trabajo cotidiano de las cooperativas de viviendas y en las interminables gestiones con funcionarios, comenzó a expandirse sobre una base conceptual que reivindica las experiencias latinoamericanas de la lucha por la tierra y el hábitat (en especial las uruguayas y brasileñas), ligadas bajo la premisa ancestral de la minga o ayuda mutua.

"La ayuda mutua permite economizar entre un 8 y 10 por ciento el costo de obra de una vivienda, además de generar trabajo dignamente remunerado", añade Néstor a sabiendas de lo que cotiza el dato frío del cálculo.

Además y desde sus inicios, el MOI forma parte de la Secretaria Latinoamérica de la Vivienda y el Hábitat Popular (Selvihp).

Aquella primera experiencia se cerró a principios de siglo con la sanción y posterior reglamentación de la ley porteña 341, promulgada en abril de 2000. Al igual que la Constitución, fue una norma parida en una mesa biactoral entre las organizaciones, la legislatura porteña y el gobierno de Caba:

—La ley establece la solución de tres variables: compra de suelo, ejecución de obra y apoyatura profesional. Además, la transferencia directa del órgano de aplicación a las organizaciones (ya sea cooperativa, mutual o asociación civil), sin intermediación—, cuenta Néstor sobre el espíritu de la norma.

Se inició una segunda etapa, entonces, que consistió en la lucha por implementar la ley a través de un programa de autogestión de vivienda. Fue mucho lo que se consiguió en aquellas gestiones, incluido un importante banco de inmuebles comprado durante la primera década del 2000. Sin embargo, Néstor remarca que "el macrismo entró a gobernar la ciudad de Buenos Aires con la intención de dar de baja la norma".

"Desfinanciaron las asignaciones presupuestarias y priorizaron los préstamos individuales por sobre los colectivos, desnaturalizando completamente su espíritu", explica el dirigente, y remarca: "Nuestra propuesta fue entonces la de nacionalizar y profundizar la 341".

Eso fue por 2008, cuando el MOI se abrió a otras provincias y recayó en Santa Fe. Fue además cuando comenzó a redactar, como parte del Colectivo de Hábitats, un proyecto de ley al que aún le ponen el cuerpo para sancionarlo.

—No hay ningún obstáculo en la Argentina para que una cooperativa no funcione bajo el sistema de usuarios. Las trabas son ideología pura, el resultado del trabajo de la propaganda—, reafirma Carla.

Otra forma de vida

"En el MOI aprendí qué es la lucha y el derecho a la vivienda. También que tenemos derecho a la belleza y a la salud. Hoy los barrios son cada vez más precarios y si llueve un poco ya no se puede salir", dice Ariel Falcón, vecino de barrio Santo Domingo y presidente de la cooperativa de vivienda Alba Iberá, pertenenciente al MOI, que podría convertirse en la primera experiencia provincial de construcción de vivienda autogestionaria con apoyo del Estado.

Sobre su participación en la cooperativa, Ariel comenta: "Entré en 2015. Participaba de las asambleas que se hacía los viernes, después de mi trabajo. Así me fui enterando de las formas de construir, hasta que me sumé completamente. Fue entonces cuando conocí la cooperativa de vivienda, que al principio era algo en lo que no creía."

Como el grueso de los argentinos, Ariel no podía creer que haya una posibilidad de casa propia, bella y a bajo costo.

—¡No lo entendía! Pensaba que la única forma era recibiendo la llave en mano. Por eso este proceso me sirvió mucho para entender la necesidad de moverse y seguir luchando. Pensar entre todos qué y cómo lo hacemos.

Pero ahora está convencido y los avances lo mantienen expectante: "Avanzamos a paso de caracol pero a buen ritmo. El objetivo más importante es el de seguir sumando gente", cierra el joven presidente de Alba Iberá.

Paz asiente: "No hay experiencias autogestionarias de este tipo. En Rosario se está dando un proceso parecido y estamos trabajando a la par con los compañeros de allá. Pero construir una vivienda requiere de un montón de recursos que hay que saber administrar. Por eso nos preparamos mucho para afrontar una obra. Hay que estar dispuestos cada día a aprender a ser cooperativistas."