La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este sábado que la decisión del Reino Unido de habilitar la extradición del periodista Julian Assange hacia Estados Unidos "pone en peligro su vida" y además "marca un precedente" para los periodistas de investigación mundiales.

"La decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas", sostuvo la vicepresidenta desde su cuenta personal de Twitter.

Fernández de Kirchner acompañó sus declaraciones junto con la foto de la tapa del diario Página 12 de este sábado, con el título: "Un mensaje escalofriante para los periodistas de todo el mundo".

Tweet de Cristina Kirchner

El Gobierno británico firmó el viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión, según los defensores del periodista, que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”.

"En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba", dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que la titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al australiano, que tiene 15 días para apelar esta decisión.

El portal WikiLeaks calificó de "día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica" la decisión de Reino Unido.

"Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a EEUU, el país que planeó su asesinato", señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.