Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, vinculados a Axel Kicillof, presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. La acción responde a la inminente firma de un decreto de necesidad y urgencia que permitiría acordar con el Fondo Monetario Internacional, lo que, según sostienen, contraviene una ley nacional y diversas cláusulas constitucionales.

La denuncia fue respaldada legalmente por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y cuenta con las firmas de Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva.

Estos seis legisladores, que representan a la provincia de Buenos Aires, se asocian en mayor medida al esquema de Kicillof, salvo Selva, quien forma parte del Frente Renovador. Ellos se relacionan con el Movimiento Derecho al Futuro, la corriente que Kicillof ha impulsado dentro del peronismo.

En el escrito se plantea que “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612" de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (conocida como Ley Guzmán) del 2022.

Asimismo, señalaron que "Los hechos preparatorios que hemos denunciado podrían ser tipificados en las figuras de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina".

Además, solicitan que "el Tribunal disponga la suspensión de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo".

El 6 de marzo de 2025, la Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un comunicado en el que se informaba que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Posteriormente, en su conferencia de prensa bisemanal, la portavoz del FMI, Julie Kozack, sugirió que el trámite del acuerdo en el Congreso “no sería una condición necesaria” del organismo internacional de crédito "para llevar adelante los desembolsos”.

En los fundamentos de la denuncia, los diputados manifestaron que “es insólito que el Fondo Monetario Internacional pretende convertirse en intérprete del texto de la Constitución Nacional Argentina, incurriendo, por lo visto, en groseros errores y omisiones”.

También recordaron que "los DNU constituyen una excepción a la norma general que está expresada en el artículo 99, inciso 3°, segundo párrafo, que expresa ‘en ningún caso, el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable’, podrá emitir disposiciones legislativas”.

Además, advirtieron: “Cabe advertir que estamos en el funcionamiento pleno de la actividad del Congreso de la Nación Argentina, por lo que nada obsta al envío de un Proyecto de Ley, que dé tratamiento a la propuesta de un nuevo acto de endeudamiento sobre el patrimonio de la Nación, y que afecta así mismo el arreglo de la deuda externa argentina; todo ello materia de regulación constitucional en cabeza del Poder Legislativo de la Nación”.

Una vez que el decreto se publique y sea enviado al Congreso, deberá ser tratado en la comisión Bicameral de Trámite Parlamentario en un plazo de diez días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Si transcurre dicho plazo sin tratamiento, cada cámara podrá convocar una sesión en cualquier momento.

Para que el DNU pierda vigencia, es necesario el rechazo por ambas cámaras, por lo que al Gobierno le bastaría con que una sola de ellas respalde el decreto para que se mantenga en efecto.

La maniobra de la Casa Rosada resulta arriesgada y de cuestionable legitimidad, ya que desafía la institucionalidad republicana; sin embargo, desde un punto de vista pragmático se percibe como una estrategia inteligente: en lugar de asumir la tarea de recabar los votos necesarios en ambas cámaras para aprobar una ley—lo que demandaría más tiempo y negociaciones complejas—se invierte la lógica, transfiriendo a la oposición la responsabilidad de reunir los apoyos para anularlo en ambos cuerpos.

La decisión del Gobierno, si bien es polémica desde el aspecto legal, se muestra audaz en lo político, pues le permite avanzar sin mayores dilaciones en el acuerdo con el FMI.

(NA)