Gustavo Schnidrig

Interesante debate se registró este jueves en la Cámara de Diputados en relación a la regulación provincial del cultivo de cáñamo.

Fue durante el debate de un proyecto ingresado por el bloque Igualdad, para que la provincia se adhiera a la ley nacional 27.350 que regula "la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados".

Al justificar el texto, Rubén Giustiniani señaló que la ley "es muy importante porque genera un programa nacional y autoriza la importación de aceites de cannabis y derivados", planteos que vienen como anillo al dedo en una provincia "que tiene la importante intención de volcarse de lleno a la producción de cannabis con fines terapéuticos".

También recordó que "tanto el proyecto original como sus sucesivas modificaciones fueron trabajadas con las asociaciones civiles y organizaciones activistas de la provincia que luchan por el fin de la prohibición del cannabis, y la defensa de las personas usuarias, cultivadoras y familiares de personas que necesitan cannabis para su salud".

El punto de discusión, no obstante, giró en torno al artículo que postula un registro santafesino de cannabis "a los fines del diseño de políticas publicas en la materia", en línea con lo planteado por el Reprocann.

Este punto generó el rechazo del bloque Vida y Familia, quienes plantearon su desacuerdo  a través de la legisladora Natalia Armas Belavi: "Es un programa al que se pueden adherir usuarios médicos, pero también terceros con capacidad de cultivar", señaló.

La legisladora añadió que "es muy distinto simplemente adherir a una ley nacional que agregarle un artículo para que personas que no necesitan el cannabis lo pudan tener en su casa, porque deja muy libre el acceso a algo que puede ser tan bueno o tan perjudicial como el uso del cannabis".

Y completó: "Si este proyecto buscase solo la adhesión a la ley nacional, daríamos nuestro apoyo. Lo digo como legisladora y médica. Me gustaría que el cannabis medicinal sea accesible para todos los que lo necesitan, e incluso presentamos un proyecto de ley junto a (Nicolás) Mayoraz y (Juan) Argañaraz".

Proteger al LIF

Aclarando su total desacuerdo con dicha postura, la legisladora peronista Lucila de Ponti planteó en cambio la necesidad de que las normativas referidas al cannabis, tanto con fines medicinales como industriales, "protejan a las instituciones como el LIF que intentan avanzar en el proceso productivo de la planta".

Esto, explicó, "porque no queremos que las normas dejen expuestas a la industria del cáñamo para que sea apropiada y concentrada por los grandes capitales económicos vinculados a los laboratorios".

Por ello agregó la necesidad de "proteger a los actores comunitarios como las madres que vienen luchando para cuidar la salud de sus hijos e hijas".

A la hora de la votación, el dato de color lo dio la falla del sistema electrónico. No obstante, las manos alzadas fueron suficientes para girar el proyecto al Senado, aún sin el acompañamiento de los bloques celestes.