El fiscal Miguel Moreno, que impulsa la acusación por estafa y defraudación al director de Vicentin, ratificó este jueves que reclama la prisión preventiva para cinco de los 14 directores imputados: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze, Miguel Valazza y Javier Gazza, en tanto que para el ex presidente de la agroexportadora, Daniel Buyatti, pedirá que se le imponga una tobillera electrónica con el propósito de evitar que abandone la ciudad de Avellaneda, donde reside.

Moreno continuó en el Centro de Justicia Penal la argumentación de su acusación contra el directorio de la empresa que armó el default más grande de la historia, U$D 1300 millones, al retomar su alocución del jueves.

Empezó su presentación con la proyección de un video institucional de Vicentin del año 2019, que hablaba de los "exitosos" 50 años de la empresa en ese momento. Lo que siguió fue la contracara de lo que ya estaba sucediendo bajo cuerda: el vaciamiento de la empresa y la toma de cereal por miles de toneladas a sabiendas de que la agroexportadora iba camino al default, cosa que ocurrió en diciembre de ese año.

El fiscal puso como contexto que las empresas del grupo "fueron grandes aportantes de la campaña (presidencial) de Mauricio Macri, y eso le daba mayor notoriedad entre los productores".

Al desgranar la profusa investigación desplegada, señaló que en los allanamientos a las oficinas de Vicentin y sus directores se encontraron elementos de hardware como mouse, impresoras, monitores, pero ninguna CPUs, dando a entender que hubo un ocultamiento malicioso de pruebas.

En la oficina de Omar Scarel –puntualizó Moreno– "pasó lo mismo: había dos computadoras, pero sin CPU. Según respondió a las autoridades del allanamiento, se las habían llevado sus hijos a la casa para trabajar desde ahí porque estaban aislados por contacto estrecho", descreyó.