Es una situación que preocupa pero que, según el actual titular del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, "se puede analizar desde muchos puntos de vista". "Cada uno tendrá su pedazo tendencioso o real, pero la realidad marca que en 2008 había 2303 detenidos en el Servicio Penitenciario, y hoy 7700", se explaya en una mirada política sobre el tema.

Ingresaron 5.196 personas a la cárcel, pero sólo se construyeron 2.657 nuevas plazas

En tal contexto, Gálvez recuerda que "la gestión de Miguel Lifschitz generó 1030 nuevas plazas, mientras que Omar Perotti va a gestionar en este período de gobierno 1909 plazas, incluida la cárcel federal". También señala que dicha cárcel, junto a una alcaidía en la ciudad de Santa Fe, serán "las dos obras emblemáticas que va a dejar este gobierno".

Una visión diferente tiene uno de sus antecesores, Pablo Cococcioni, quien estuvo al mando del Servicio Penitenciario entre 2011 y 2018. Desde su óptica, los datos de sobrepoblación se justifican en gran medida a que el Frente Progresista "tomó la decisión (y diría que fue consultada y hasta consensuada con la Defensa Pública) de que dado lo inevitable, durante algún tiempo, de tener cierto grado de sobrepoblación, el mal menor era derivar los presos de las comisarías al Servicio Penitenciario".

—Es decir, por ejemplo, que era preferible tener dos presos por celda en Piñero, y no 40 amontonados en un calabozo policial—, completó Cococcioni sobre aquella sobrepoblación a la que calificó como "todavía tolerable".

Una caracterización completamente opuesta brinda el doctor e investigador adjunto del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Mauricio Manchado, al señalar que dicho traspaso se realizó "en unidades penitenciarias que no estaban preparadas para recibir tal magnitud de población".

—Puede mencionarse, como ejemplo, que unidades de Piñero proyectadas para alojar a una persona por celda, luego se dividieron para alojar a dos, e incluso hoy tenemos paballones con hasta tres divisiones.

Pero además de lo edilicio, Manchado explica que el crecimiento poblacional "no estuvo acompañado por un potenciamiento de los espacios educativos ni laborales": —De 10 años a esta parte, los espacios culturales se vieron reducidos. En 2015 había un pequeño financiamiento, que luego se quitó. Y si bien otras instituciones como la universidad ampliaron sus ofertas educativas y culturales, que incrementaron la cantidad de inscriptos a las carreras y en escuelas de oficios, no se debió a una decisión institucional del Servicio Penitenciario sino al mismo impulso de las instituciones que allí trabajan—, explica el especialista.

Por último, Manchado señala como otra dificultad que, "en 2017, el Servicio Penitenciario modificó su vieja estructura de acompañamiento para la reintegración social, a través de los organismos técnicos criminológicos (OTC), concepto que retomó una vieja idea del penitenciarismo más positivista".

—Las OTC son organismos que funcionan por fuera del trabajo cotidiano en las prisiones y realizan informes luego elevados a otras órbitas. Eso provocó una merma en los equipos profesionales dentro de las cárceles, y no se realizaron nuevos llamados. Para darse una idea de la magnitud de esta decisión, hoy Piñero, que es la cárcel más grande de la provincia, tiene un equipo profesional compuesto por dos terapistas ocupacionales, dos trabajadores sociales, cinco psicólogas (solo tres permanentes) y un abogado. Es decir: unos diez profesionales para una población de 2100 personas. La tarea se vuelve ineficiente incluso para ellos—, completa.

Sea como fuere, para Gálvez "el gobierno que suceda al actual deberá plantearse qué hacer, además de construir no menos de 10 unidades penitenciarias". Sobre su gestión, resalta que "el gobierno de Omar Perotti va a duplicar la cantidad de alojamientos, y quien lo suceda va a tener que duplicar la capacidad de alojamiento generado por nuestro gobierno".

Para el Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, es necesario "dejar de lado el oportunismo político, y pensar entre todas las fuerzas una solución a una problemática compleja, que debe ser abordada con seriedad". "No puede ser que en la provincia, el 55% de las personas que está tras las rejas, no tenga condena. Si bien ese número es inferior al de años anteriores, es aún un problema".

"No hubo una planificación de lo que podía ocurrir, y no hubo un crecimiento acorde de la infraestructura penitenciaria. No puede haber cárceles con una sobrepoblación del 44%. En primer lugar, esas cárceles no cumplen con lo que dice la Constitución, respecto a las condiciones que deben tener los detenidos. Es imposible pensar que una persona pueda ser sencillo reinsertarse tras cumplir una condena en un lugar así. Pero además, es imposible pensar que puede haber tal sobrepoblación, sin conflictos", agregó.

En contraste, la diputada provincial Lionella Cattalini señala que "durante la gestión del Frente Progresista se construyeron 2800 plazas, en contraposición a las 500 de los 24 años del peronismo anterior".

Sobre la actual gestión, la legisladora señala que Santa Fe "retrocedió inmensamente en materia penitenciaria". "Sin una política penitenciaria continua y efectiva, en una gestión de cuatro años se pueden arruinar los próximos diez", apoya Cococcioni.

Finalmente, Gálvez también aporta: "En el gobierno de Lifschitz se construyó mucho en el sur, pese a la sobrepoblación que dejaron en Piñero. Pero en el centro-norte de la provincia solo se construyeron dos pabellones en Las Flores y Santa Felicia. Nada más que eso."

—Desde la semana que viene comenzaremos a armar mesas interjurisdiccionales para analizar, junto al Poder Judicial, el crecimiento desmedido de la población penitenciaria—, cierra el directivo, a modo de anuncio.