La renovación de los principales cargos directivos del Ministerio Público de la Acusación y del Sistema Público Provincial de Defensa Penal es un trámite judicial de alto interés político que se desarrolla cada cinco años en nuestra provincia. Atento a ello, el gobernador Omar Perotti abrió la inscripción a inicios de septiembre para llegar a noviembre con el concurso resuelto y evitar así innecesarios dolores de cabeza.

Decisión más que comprensible, teniendo en cuenta el interés de distintos sectores (incluido el propio perottismo) de que los reemplazantes de Jorge Baclini (fiscal general del MPA) y Jaquelina Balangione (titular del SSPDP), así como de los cargos subalternos que quedarán vacantes en abril, no sean ocupados por personas que puedan atentar contra los propios intereses estratégicos de conducción provincial en materia penal, y en el marco de un clima general de ambos poderes que ya de por sí es de poco diálogo.

Pero el proceso estuvo plagado de contratiempos desde el inicio y su resolución podría llevar más de lo deseado. El primer cuestionamiento llegó a pocas horas de conocerse el decreto de inscripción, señalado por llegar acompañado de una modificación "inconsulta" del sistema de selección de jurados. La observación fue de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, quienes publicaron un documento para señalar lo "llamativo" de "convocar a un concurso público con tan poco tiempo de anticipación y a las 7 de la mañana y que el sorteo (de los jurados) sea casi al mismo tiempo que publica la convocatoria". Por ello crearon una Subcomisión de Seguimiento de Concursos de Fiscales, Funcionaries y Autoridades Superiores del MPA a fin de perseguir las novedades del proceso.

En aquel comunicado, además, advirtieron lo "inaceptable" de que, "como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la prueba de oposición consista en una entrevista más o menos carente de sistemática, sobre conocimientos jurídicos generales", y solicitaron una selección de autoridades "sobre la base de un plan de trabajo que incluya pautas de gestión y de política criminal". Este requerimiento fue contestado "con la modificación del artículo 5, que incluyó y amplió estas bases", indicaron desde el Gobierno provincial a Santa Fe Plus.

Pero nada de esto hubiese tenido tanta repercusión sin la filtración de los audios (privados) del secretario de Justicia Gabriel Somaglia que expusieron, en un momento tan delicado como oportuno, la impunidad corporativa entre sectores. Aceptada la obligada renuncia de Somaglia, el timón quedó en manos de la ministra Arena y del secretario de Estado, Rubén Weder, quienes debieron montar de legalidad un proceso que encima sufría una nueva sangría con la reuncia masiva de jurados.

Fueron nueve en total, ocho de ellos en desacuerdo con el proceso mientras que Arsenio Domínguez, representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, debió retirarse “por motivos personales” luego de que se conociera que usaba como domicilio legal el estudio de Somaglia.

El 22 de septiembre, el socialismo y el radicalismo convocaron a una mesa ampliada para avisar que "no se aceptaría el resultado de un proceso viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia", postura que desde el peronismo no perottista y desde la izquierda progresista cuestionaron por contraria a los valores institucionales pregonados.

Además de boinas blancas y de representantes del partido de la rosa, aquella denuncia fue firmada por Cambiemos, el PDP, Vida y Familia y el partido Creo, de Pablo Javkin. Un día antes, la Asociación de Fiscales celebró los "resultados positivos" obtenidos en el proceso de inscripción de aspirantes, a la vez que señalaron la necesidad de que "este proceso de selección de autoridades se coloque en las antípodas de los que han terminado con autoridades superiores de la Fiscalía en el banquillo de los acusados".

"Requerimos que la presentación de los planes de gestión se hagan en audiencias orales y públicas", agregaron.

Fue en tal contexto que Arena y Weder recibieron el pasado miércoles a los presidentes de los bloques legislativos para dar cuenta de lo actuado hasta el momento. La ministra de Gobierno resumió a Santa Fe Plus:

--Fue un encuentro del que participó casi una veintena de diputados en representación de todos los bloques políticos y el presidente de esa Cámara, donde dialogamos sobre la sustanciación de los concursos de autoridades superiores del MPA y de la Defensa. Hemos tenido coincidencias y diferencias en torno a las valoraciones con relación al tema en cuestión pero todos y todas estuvimos de acuerdo en que el concurso se ciñe en un marco de legalidad y todo se está haciendo conforme a las normas que lo regulan. Muestra de ello es que no hubo impugnación alguna por parte de los y las postulantes en los plazos previstos para hacerlo y además la presentación de 96 planes de trabajo.

Pero los legisladores fueron algo más escépticos. Según el diputado radical Julián Galdeano, la reunión sirvió solamente "para que el gobierno realice una especie de balance bastante pobre", lo que grafica, según entiende, "que no terminan de dimensionar la transcendencia de los concursos". Su visión fue compartida por los dirigentes socialistas y radicales que hablaron tras el encuentro y ante otros medios.

Son tales posturas, en definitiva, las que mantienen un halo de incertidumbre sobre el proceso. Son planteos justificados, aunque legisladores de otros partidos señalan cierta sobreactuación prelectoral en tales actitudes. El diputado Carlos del Frade, por caso, no dudo en describir como "larga y densa" a la reunión en Casa Gris, observación que no le impidió, sin embargo, llamar la atención sobre "la actitud hipócrita de los dos grandes partidos que parecen estar más preocupados en tirarse hechos de corrupción".

No obstante ello, el legislador del Frente Social y Popular consideró que "la respuesta política está en manos del gobernador Perotti, que tiene la obligación de seguir abonando a una buena relación con el resto de los poderes". "No le queda muchas opciones, va a tener que modificar (la selección de jurados) para que no se pierda todo lo actuado y la buena fe de quienes vienen trabajando resposablemente. Son tres semanas en la que debería estar encaminado a definirse", agregó sobre el posible desenlace del concurso.

Consultada al respecto, Arena sostuvo: "Vamos a evaluar en los próximos días todas las posibilidades atendiendo especialmente a que se cumpla en la conformación del jurado, la paridad de género y la representación de todos los estamentos, y siempre con la celeridad y transparencia que exige este proceso sustanciado en línea con los procedimientos ajustados a la normativa."

"Nadie quiere que este concurso naufrague y eso lo han dejado en claro todos, al menos en este encuentro. Por nuestra parte tenemos que seguir sustanciando el concurso por respeto a los y las postulantes, cuyo número es mayor al que se presentó en 2016", concluyó la ministra.