Resaltan el "grave" estado de situación en comisarías de La Capital

La defensora provincial de Santa Fe, Jaquelina Balangione, presentó ante la Legislatura el Informe Anual del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), de acuerdo a lo establecido por la ley orgánica que los rige.

Allí se detallaron "las acciones desplegadas por la Defensa Pública durante el período 2017 - 2021, conjuntamente con la ejecución del presupuesto fijado para el año 2021", según señaló la propia titular de la entidad dependiente del Ministerio de Justicia santafesino.

En un primer punto, Balangione explicó "las principales características del organismo que lidera, la impronta y organización de su gestión y la misión institucional haciendo mención a las diversas fuentes normativas que le dan origen".

Asimismo, hizo hincapié en los "límites" del accionar del organismo producto de "la estricta restricción a lo específicamente penal", abogando para que en un futuro "se establezca un sistema de defensa integral que garantice el acceso a justicia por parte de toda la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Ante los legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, Balangione se refirió a la "preocupante situación estructural de los espacios de detención del territorio santafesino", tal como señaló recientemente Santa Fe Plus.

También detalló las conclusiones del Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos, que analiza hasta el período 2021. Respecto al primero de los puntos, señaló que "la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes se encuentra considerablemente en aumento"."Hubo un incremento de la población encarcelada en el orden del 47% tomando en cuenta el período 2017 - 2021", puntualizó Balangione.

Pero además la funcionaria provincial resaltó que, al menos desde el 2017, cuando inició su gestión, la cantidad de alojados en dependencias penales (tanto masculinas como femeninas) "se incrementó superando la capacidad de alojamiento declarada por el Servicio Penitenciario". También destacó que "el aumento de internas/os se mantuvo en aumento a través de los años, alcanzando un exceso sobre el cupo de 1793 de personas privadas de su libertad sin tomar en cuenta las personas alojadas en ámbitos policiales".

Por otro lado, alertó sobre el grave estado de los centros de detención policiales, cuyas celdas vienen llenándose "notoriamente" desde 2019 y que alcanzó su pico máximo en 2021: "Este fenómeno tiene su epicentro en las comisarías de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe, donde al día de la fecha hay 326 personas detenidas cuando la cantidad de plazas disponibles es de 122", puntualizó Balangione.

En paralelo, Balangione reconoció "las gestiones impulsadas desde hace algunos años y que implicaron el vaciamiento de internas/os en comisarías en Rosario, y en particular la construcción del ORDER, en comparación con la grave situación actual que se visibiliza en las comisarías de Santa Fe".

Al respecto, reflexionó acerca de que "la superpoblación conlleva niveles de hacinamiento que generan condiciones indignas de habitabilidad en estos espacios de detención". Principalmente detalló que "la problemática repercute fuertemente en la provisión de alimentos de calidad, el acceso a salud y educación de internas/os, acceso a bienes materiales, entre otros".

Vale remarcar que ayer la defensora provincial realizó una inspección no anunciada en el penal de Las Flores, donde constataron "las sistemáticas falencias del penal".

Lo registrado en la visita ofició, para la Defensoría provincial, "como un botón de muestra acerca del estado de situación en que se encuentran los espacios de detención santafesinos, cuestión que la defensora provincial remarcó enfáticamente al impactar sobre la expectativa de resocialización de quienes habitan en esos espacios".

Por otra parte, Balangione señaló que "desde el 2017 hasta el 2021 se registraron 3101 víctimas de violencia institucional". Estas, a su vez, comunicaron y en algunos casos denunciaron un total de "5601 malos tratos, torturas, abusos y otras afectaciones a los derechos humanos".

El informe presentado también indicó que se registraron "66 muertes en contextos de encierro entre 2021 y 2022, de las cuales 52 ocurrieron en espacios del Servicio Penitenciario y 14 en dependencias policiales".

En relación a las edades de las víctimas fatales, "el promedio es 37 años, y el 50% de los fallecidos tenía menos de 32 años, siendo el mínimo de edad registrado 15 y el máximo 74 años".

Con respecto a estos números, recordararon que "en marzo de 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes".

Las  y los legisladores escucharon "atentamente" el análisis de la situación efectuado por la titular de la Defensa Pública, "se interesaron" por el informe global y "se comprometieron a acompañar a través sus espacios institucionales las acciones del SPPDP".

Asimismo, remarcaron "la necesidad de debatir un nuevo proyecto de Defensa Integral, necesario e indispensable para el fortalecimiento de la institución en el ámbito provincial".

Participaron de la actividad los legisladores Pablo Farías, Jimena Senn, Lionella Cattalini, Matilde Bruera, Agustina Donnet, Clara García, Mónica Peralta, Silvana Di Stéfano, Juan Cruz Cándido, Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver, Esteban Lenci, Gabriel Real, Ricardo Olivera (todos diputados) y el senador Lisandro Enrico.