La clave del superávit Milei: no pagar energía ni universidad, y recortar a provincias

El último informe fiscal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) bucea en la justificación de los casi 490 mil millones de pesos de superávit que el Gobierno nacional logró en junio, y deja a la vista variables que ponen en tela de juicio lo genuino de ese balance. En resumen, todo se explica por “un brutal ajuste del gasto”, dice el informe del centro de estudios que integra la economista rosarina y diputada nacional Julia Strada.

“Los ingresos en junio alcanzaron los $8,2 billones, con una caída de 14,8%, y marcaron el peor registro del año en este rubro”, puntualiza el dossier. 

Ese derrumbe de la recaudación fiscal lo desagrega en distintos canales: por la recesión al Estado le entró 20,1% menos de IVA, 9,5% menos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social; y también percibió 15,8% menos en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Esa disminución recaudatoria de Ganancias se explica porque en mayo había aumentado por el vencimiento de declaraciones juradas de las empresas que cerraron su ejercicio en diciembre 2023.

Por otra parte, cabe señalar que los derechos de exportación cayeron por primera vez en el año (-43,7%) y así dejaron atrás el impacto positivo que la recaudación de retenciones, la devaluación y la recuperación post sequía venían teniendo.

En tanto, el plan de Luis Caputo siguió ajustando el gasto. En junio fue 35,2% menos respecto de junio 2023: sumaron $7,7 billones y siguió la tendencia a la baja de los tres meses anteriores.

¿En qué se basó este recorte del gasto público? En obras de infraestructura, (-74,4%), jubilaciones (-17,8%) y subsidios (-74,2%), que mostró su peor retroceso del año. 

En materia de subsidios, el informe marca que en el mes que pasó el Ministerio de Economía redujo 48,9% interanual los destinados al transporte, y más aún los que deparaba para el sector energético: 81,2% menos que en junio del año pasado. De ahí cabe explicarse el fuerte aumento de tarifas en curso.

Es que, además, el Ejecutivo nacional no pagó por la energía eléctrica a la empresa Cammesa, a cargo de administrar el mercado mayorista de electricidad que llega a cada provincia. 

Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno nacional tuvo que liberar fondos por un total de $1,46 billones ($622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones de pesos, porque redujo las transferencias en torno a $700 mil millones menos en este rubro respecto del promedio abril-mayo. 

“Es claro que el gobierno tomó la decisión de atrasar nuevamente los pagos en este rubro”, supone el documento del CEPA.

Otro capítulo del recorte lo da el conjunto de universidades nacionales. En mayo había recibido para pagar sueldos docentes y no docentes $206 mil millones. En junio, se devengaron $324 mil millones, que sin embargo, no se pagaron en ese mes. 

En planes sociales, el gobierno destinó $497 mil millones en junio (47% menos en términos reales que un año atrás). En mayo había distribuido $708 mil millones. 

La cifra corresponde a programas como el ex Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, el programa Acompañar, transferencias a comedores comunitarios y merenderos, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. Pero sí destaca el informe fiscal del CEPA que en políticas alimentarias en junio se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, y el programa Hogar no tuvo cronograma de pago durante junio.

De estas variables es que el CEPA concluye en que el superávit declamado por el presidente Javier Milei se basa en “la postergación de pagos energéticos, a universidades y otros programas sociales”.

Por lo tanto, si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a Cammesa, las universidades y otros programas sociales, eso habría sumado erogaciones por $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.

Las transferencias no automáticas a provincias se redujeron 72,2%, si bien algunas discrecionales repuntaron con respecto a mayo (de $3.500 millones a $17.400 millones). Este leve incremento se observa en rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo”.

De cada 100 pesos que Milei ajustó en el primer semestre, la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($28,9) y obra pública ($21,9). Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros. 

El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $250.380 millones, excediendo por ejemplo los recursos que se destinaron a la obra pública. 

A pesar de la mayor exigencia en las metas del FMI (a junio, del superávit de $1.925.000 millones que estaba previsto subió a $4.600.000 millones), la meta luce cumplida, ya que a junio, el superávit fiscal acumulado es de $6.954.000 millones.