Docentes, estudiantes, dirigentes y un nutrido grupo de santafesinos se concentró este jueves en la explanada del Rectorado de la UNL “para poner en pie la defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad que está siendo avasallada por las políticas del Gobierno nacional”.

Esta concentración, convocada por ADUL, APUL, FUL y autoridades se realizó en el marco del paro nacional del sector, organizado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en el que confluyeron todos los sectores de trabajadores universitarios de cara a la marcha federal universitaria del 23 de abril.

Además, durante las 48hs. de paro, los días 10 y 11 de abril, la docencia de la UNL convocó a clases públicas y reuniones con la comunidad educativa en las diferentes unidades académicas, “con el fin de visibilizar el conflicto y confluir en los caminos requeridos por este momento histórico de defensa de la universidad y la educación públicas”.

En la concentración, se dio lectura al documento elaborado conjuntamente por las agrupaciones de trabajadores y de estudiantes.

El comunicado

La defensa de la universidad pública es necesaria y urgente.

BASTA DE AVASALLAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA CIUDADANIA

En nuestro carácter de representantes de las organizaciones que integramos la Comunidad Universitaria de la UNL, manifestamos que la Educación Superior es un Derecho Humano y es una responsabilidad indelegable del Estado. Es nuestra convicción y compromiso permanente defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, como parte integral de los derechos de la ciudadanía argentina.

Todos los sectores organizados de la comunidad universitaria, del mundo del trabajo y de la cultura abrazamos los valores democráticos que nuestro país construyó a lo largo de estos cuarenta años. Por ello rechazamos de manera categórica las políticas represivas y reivindicamos el derecho a la protesta en tanto institución garantizada por la Constitución Nacional.

Rechazamos los despidos en el Estado que está implementando el Gobierno Nacional de manera injustificada y violenta. Exigimos el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de quienes fueron despedidos en CONICET, en el Servicio Meteorológico Nacional, el INADI, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto Geográfico Nacional y el ex Ministerio de Trabajo, entre tantos otros organismos y dependencias estatales. El trabajo en los organismos públicos permite el acceso a derechos que el Estado está obligado a garantizar.

En cuanto a lo específicamente universitario, exigimos al Gobierno Nacional que dé respuestas inmediatas a las demandas planteadas por todas las organizaciones que integran la comunidad del sistema de las Universidades Nacionales ante esta aguda crisis. Exigimos, también, la sanción de una ley de Presupuesto que garantice el funcionamiento correcto del sistema universitario y demás funciones del Estado. Queremos y necesitamos a la Universidad abierta y cumpliendo sus grandes misiones: docencia, investigación y extensión y demás funciones sociales. El Gobierno debe garantizar salarios dignos —a docentes y nodocentes— y becas estudiantiles, boleto educativo y presupuestos universitarios acordes a las necesidades actuales, que garanticen la accesibilidad, la permanencia y la graduación de las y los estudiantes.

El CIN, la FUA y todas las organizaciones gremiales de las Universidades Nacionales hemos dialogado en diferentes instancias con representantes del Poder Ejecutivo Nacional, mostrando la situación crítica que se expresa en datos objetivos. Pero no hemos recibido ninguna propuesta que ofrezca una solución de fondo a la grave situación. Por eso es necesario salir al espacio público, para hacer saber al gobierno nacional que la comunidad universitaria está defenderá la universidad pública y convocará a esa gran tarea a la toda ciudadanía.

La comunidad universitaria en su conjunto reivindica la libertad de cátedra como principio democrático fundamental y rechaza que en el espacio universitario ocurran procesos de adoctrinamiento. Educar no es adoctrinar; la evaluación crítica de sistemas teóricos y de creencias es un principio fundante de la educación universitaria y es base de la libertad.

La comunidad universitaria en su conjunto rechaza cualquier pretensión de cercenar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en función de cualquier propósito. La educación debe ser obligatoria porque con ello se garantiza ese derecho fundamental, que es la base de la libertad plena, la construcción de proyectos de vida y de una sociedad igualitaria y virtuosa.

Sabemos también que la defensa de la universidad pública es correlativa de la restitución del sistema republicano de gobierno. Por ello, exigimos la inmediata derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El contenido del decreto —que no es de necesidad ni de urgencia— debe discutirse como todas las leyes en el Congreso de la Nación. Ninguna facultad delegada al Poder Ejecutivo debe permitirle derogar leyes sancionadas por el Congreso, ya que son el resultado de un proceso deliberativo y de consenso general. Rechazamos cualquier modificación regresiva de los derechos laborales y de los Convenios Colectivos de Trabajo.

Nos oponemos a las privatizaciones de las empresas del Estado, que dejaría a miles de familias en la calle. También nos oponemos a aquellos temas que dañan a las mayorías, como la derogación de la ley de alquileres, la liberación de las tarifas de servicios esenciales —como la energía eléctrica, el agua y el gas—, la libre importación que destruye la industria nacional y las economías regionales generando más desocupación. Nos oponemos a la ley de tierras, que pone en riesgo la soberanía y el ambiente, además de contraponerse a la correcta administración de los recursos naturales de nuestro país que, con políticas del Estado, garantizarían la aplicación de conocimientos de sus organismos vinculados a la ciencia, la tecnología y la investigación, generarían desarrollo y crecimiento económico sustentable y puestos de trabajo.

Convocamos a la Gran Marcha Federal Universitaria el 23 de abril, para que el gobierno nacional dé inmediatas respuestas favorables a nuestros planteos, en un pliego de demandas amplio pero preciso. Esta Marcha permitirá a toda la ciudadanía expresar el apoyo a la Universidad, pero fundamentalmente mostrará al gobierno nacional que debe presentar de manera urgente una propuesta que saque a la universidad de la crisis. Comprometiéndonos al sostenimiento de un plan de acciones conjuntas hasta lograr nuestros objetivos.

DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PUBLICA Y GRATUITA EN TODOS SUS NIVELES