Desde la jurisdicción de Rosario, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, pidieron que se investigue al profesional que durante años, sin el consentimiento de sus pacientes, conservó los fetos producto de abortos espontáneos y a principios de julio solicitó a la Justicia que sean enterrados. Según la organización se trata de “un nuevo intento de imponer creencias y concepciones personales violando los derechos de las mujeres”.

En los últimos días se conoció a través de los medios de comunicación, que un médico del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, conservó durante 15 años, fetos en formol ý recurrió a la justicia para que ahora sean enterrados.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario entendemos que este hecho constituye un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable, violatorios de derechos consagrados en la Ley 26529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud”, expresaron. 

La normativa citada plantea el derecho del paciente a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad.

La Justicia descubrió que un pediatra rafaelino guardó 257 fetos en formol

“Bajo el pretexto de la objeción de conciencia, el médico jefe de la sección de anatomía patológica, desconociendo los procedimientos habituales, conservó entre 2005 y 2020, fetos en formol provenientes de pacientes que sufrieron abortos espontáneos antes de la semana 20 de gestación, sin ningún tipo de autorización ni consentimiento informado por parte de las pacientes ni de la dirección de la institución, con la pretención a partir de la solicitud de una autorización judicial, que dichos fetos sean ahora enterrados en el cementerio local”, expresaron en el comunicado. 

Según la organización, el pedido de este profesional de la salud busca reeditar en la agenda pública el debate en relación a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Se pretende “la asimilación del feto a la persona humana que los representantes de las organizaciones “anti derechos” llevaron al Congreso de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discusión que fue saldada con extensos fundamentos científicos y legales por parte de lxs más prestigiosxs juristas y académicos de nuestro país”.

Además afirmaron que “resulta de una crueldad inusitada la conducta de un profesional que con la excusa de la objeción de conciencia, impone a las pacientes un proceder que hace revivir a las mujeres y su entorno familiar un suceso que sin lugar a dudas debió ser inesperado y traumático”. 

Finalmente solicitaron que las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia inicien una investigación administrativa en relación al accionar del profesional responsable para aplicar las sanciones que correspondan y que impulsen las acciones judiciales nevesarias tendientes a proteger a las pacientes, resguardando su identidad en respeto al derecho a la privacidad para evitar la victimización de las mujeres involucradas.