La abogada Nadia Schujman, una de las imputadas por la causa que investiga un presunto "espionaje ilegal" durante la gestión de Marcelo Sain como Ministro de Seguridad de la provincia, apuntó contra el jefe del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, el diputado radical de Cambiemos Maximiliano Pullaro, y empresarios como el CEO del multimedios La Capital, Gustavo Scaglione, como los mentores de la investigación judicial en la que hoy, después de un año de iniciada la causa, el Ministerio Público de la Acusación formuló las imputaciones.

"Esta causa sigue al pie de la letra la característica del lawfare, empezando por la actuación de los dueños de comunicación teniendo en cuenta que el propietario del multimedio más grande de la provincia es un querellante, el señor Scaglione", dijo Schujman en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9.

"Se instalaron muchas versiones, eso es parte del lawfare es la estrategia: primero condenan mediáticamente y luego hay que salir a probar lo contrario. Lo instalan en la opinión pública y condicionan al mismo poder Judicial de esa manera, operación tras operación. Si se ve a quién tengo enfrente se ve el trasfondo –analizó Schujman–: Pullaro, jefe de la bancada opositora con pretensiones de gobernador del PRO. Además, Scaglione, siendo que acreditamos que había una investigación contra él y el señor Caputo. Y a pesar de eso igual lo admitieron como querellante", confrontó la abogada investigada.

En la audiencia, donde recién hoy pudo saber de qué se le acusaba y con qué pruebas, Schujman sostuvo que durante el proceso "se violaron la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la propiedad privada, la intimidad y la garantía de juez natural".

"Lo primero que quiero señalar es que hace un año, cuando me presenté ante esta fiscalía después de ser allanada ilegalmente, pedí el apartamiento del fiscal Hernández y del Fiscal Regional Arietti por violación al principio de objetividad. Motivaba mi pedido además del enfrentamiento publico que el exministro Sain tuvo con Arietti, las profundas diferencias que el fiscal Hernandez y yo tuvimos en una reunión en la fiscalía general, en el despacho del Secretario de Política Criminal. Sin embargo, no lo hicieron. También violaron la ley y nos negaron las garantías constitucionales más básicas", expresó.

Luego aseguró que la divulgación del material que se obtuvo de su teléfono la pone en riesgo, por contener, entre otras cosas, información sobre policías a los que estaba investigando: "Se entregó toda la extraccion de mi teléfono a todas las querellas, y la misma ya circula por un número indeterminado de personas. Además de la violación más obscena a mi derecho a la intimidad, me ha puesto en un grave peligro. Se les ha entregado a los sectores más peligrosos de la policía investigaciones en curso, detalles y el nombre y foto de las personas que las llevábamos, de modo absolutamente legal y no como quieren presentar ustedes los hechos".

Afirmó ser víctima de una "metodología inédita" en la que los fiscales llaman a determinadas personas para que se conviertan en querellantes. "Luego de esta modalidad que se dio por varios meses, la gente empezó a presentarse espontáneamente a ver si era víctima. Lo último que vi es que se presentó el policía Martín Oliva íintimo amigo de un pretendido querellante funcionario del OI y ex funcionario de Pullaro) que era investigado en la justicia federal, y que ustedes se encargaron de arruinar dicha investigacion,  como tantas otras, exponiéndome con personas sumamente peligrosas", detalló.

Una multitud se concentrará contra "el lawfare " y en apoyo a Nadia Schujman