El diputado provincial Marcos Corach fue uno de los diputados provinciales que levantó su voz contra la designación de dos de los tres jueces propuestos por Maximiliano Pullaro para la Cámara de Ejecución Penal.

Se trata de las postulaciones para la flamante dependencia judicial que, por el momento, se encuentran en pausa. Esto porque iban a reunirse este jueves por la tarde, para tratar el tema, pero un

Los pliegos a considerar eran los de Valeria Pía Haurigot, Horacio Hugo Pueyrredón y Mario Javier Guedes, pero tanto Haurigot como Pueyrredón recibieron un pedido de impugnación por parte de Mariela Sarrías, primera en el concurso y desplazada de la terna.

La sorpresiva presencia en la Legislatura del secretario de Gobierno y mano derecha de Pullaro, Juan Cruz Cándido, horas antes de que se confirme la postergación de la reunión, dio a entender de que dicha acción fue definida desde Casa Gris.

En este sentido, lo que Corach cuestionó es que las postulaciones de Haurigot yPueyrredón “mostraron serias deficiencias en el desarrollo del examen, incluyendo una falta de perspectiva de género, errores ortográficos y de enfoque jurídico”.

Sin embargo —agregó el diputado peronista— “estos aspirantes apelaron el resultado, y en tiempo récord, el Tribunal Evaluador revisó su decisión y los aprobó”.

“El verdadero problema aquí es que ese mecanismo no está previsto. No existe la posibilidad de un segundo examen para corregir lo que no se logró en el primer intento. Pero en este caso, las falencias fueron subsanadas y los candidatos obtuvieron un trato preferencial”, explicó Corach.

Finalmente y en un hecho “prácticamente inaudito”, los examinadores “terminaron apoyando la decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro, y en un veloz desaguisado administrativo, revirtieron su propia resolución. Lo que hicieron fue allanar el camino para que estos candidatos ingresaran por la ventana”, agregó.

Postura completa

Aparentar transparencia, fingir independencia 

Por Marcos Corach Diputado Provincial

El perfil ideológico que el gobierno provincial pretende imponer en este clima de época es un hecho político indiscutible. Sin embargo, considero que esta discusión no debería asustarnos ni mucho menos. El problema radica en que, si ese propósito termina arrasando con la institucionalidad, podría arrastrar consigo la tan declamada independencia del Poder Judicial.

Si iniciamos un debate poniendo sobre la mesa la necesidad de contar con una justicia independiente, es más que probable que no exista ni una sola contraposición de ideas. Todos coincidimos en la importancia de este principio. Ahora bien, si nos enfocamos en discutir y profundizar sobre los mecanismos que utilizamos para garantizar esa independencia, la cosa cambia radicalmente.

Como diputado provincial e integrante de la Comisión de Acuerdos, quiero compartir un ejemplo que expone qué sucede cuando se flexibilizan los mecanismos previstos para asegurar que un juez actúe de manera independiente.

Estoy hablando del concurso para ocupar cargos en la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Un proceso en el que más de medio centenar de aspirantes fueron evaluados por el Consejo de la Magistratura, pero que hoy se encuentra impugnado y bajo la lupa.

El principal problema –y pido disculpas por spoilear el final– es que los candidatos que el gobierno deseaba colocar en esos puestos fueron rechazados. Según el Tribunal Evaluador, ambos aspirantes mostraron serias deficiencias en el desarrollo del examen, incluyendo una falta de perspectiva de género, errores ortográficos y de enfoque jurídico.

Sin embargo, estos aspirantes apelaron el resultado, y en tiempo récord, el Tribunal Evaluador revisó su decisión y los aprobó. El verdadero problema aquí es que ese mecanismo no está previsto. No existe la posibilidad de un segundo examen para corregir lo que no se logró en el primer intento. Pero en este caso, las falencias fueron subsanadas y los candidatos obtuvieron un trato preferencial.

Finalmente, en un hecho prácticamente inaudito, los examinadores terminaron apoyando la decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro, y en un veloz desaguisado administrativo, revirtieron su propia resolución. Lo que hicieron fue allanar el camino para que estos candidatos ingresaran por la ventana.

En medio de todo esto, se cambiaron las reglas y se reinterpretó la normativa del concurso. Para ponerlo en términos futbolísticos, lo que sucedió es como si un árbitro entrara a los vestuarios en el entretiempo para avisarle a los equipos que, en la segunda parte, vale agarrar la pelota con la mano. Así de desprolijo fue el proceso.

La independencia del Poder Judicial no puede quedar a merced de intereses políticos ni de maniobras que atenten contra su esencia. Es imperativo que defendamos los mecanismos que garantizan la imparcialidad de nuestros jueces y que no permitamos que el respeto a las instituciones sea un mero formalismo, sino una práctica real y cotidiana.

Este es el verdadero desafío de nuestro tiempo, y no podemos darnos el lujo de ignorarlo.