Millones de jubilados y pensionados argentinos, entre ellos 700 mil santafesinos, son la parte del león libertario en su impiadoso programa de destrucción del Estado, conclusión previsible si se tiene en cuenta que alrededor de la mitad del gasto del sector público nacional está destinado al pago de haberes previsionales. El calvario, desde ya, no arrancó con la llegada de Javier Milei a la presidencia, pero sí se espiralizó a niveles dramáticos.

El vía crucis del sector pasivo tiene un punto de inicio con fecha precisa: 24 de noviembre de 2015. El martes siguiente a la victoria de Mauricio Macri en el ballotage, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis en una demanda contra la Nación por la retención del 15% del total de la masa coparticipable con el que se financiaba parcialmente la Anses. Hasta ese momento, el sistema previsional era sustentable y otorgaba semestralmente aumentos por arriba de la inflación.

Tanto es así que en la presentación santafesina, con el asesoramiento del radical Ricardo Gil Lavedra y del hoy cortesano Carlos Rosenkratz, se argumenta que “corresponde atender a la modificación fundamental de las circunstancias que dieron origen a la detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación” porque “la Anses pasó hace años a ser superavitaria” con la estatización de las AFJP.

Claro, con el fallo, el sistema previsional argentino pasó a ser persistentemente deficitario. La situación empeoró con el gobierno de Mauricio Macri a partir de la denominada Reparación Histórica, la reducción de las contribuciones patronales, baja de impuestos y la desocupación en alza. Este último punto no es advertido cuando, como ocurrió días atrás, Milei celebra el despido de decenas de miles de trabajadores estatales y en paralelo el empleo privado se destruye aceleradamente. Menos aportantes, menos recursos.

El reclamo a la Nación por el financiamiento de Anses fue una política de Estado en Santa Fe. El juicio tuvo apoyo transversal y fue enarbolado como bandera en defensa del federalismo. Hoy la Provincia cuenta con esos recursos corrientes y además tiene los bonos acordados en el gobierno anterior cuyos vencimientos permiten solventar obras públicas en tiempos de escasez. Pura ganancia, salvo por un punto: los jubilados y pensionados nacionales, los trabajadores privados que cobran salario familiar y las beneficiarias de AUH no viven solamente en el AMBA. Son centenares de miles de santafesinos. Somos nosotros.

El fracaso rotundo del Frente de Todos en el período 2019-2023 incluye el capítulo previsional. Logró con parches en formato de bonos evitar pérdidas relevantes en el poder adquisitivo del sector pasivo, pero es un muy magro resultado para quien en campaña prometió que entre los jubilados y los bancos se iba a quedar con los primeros.

A propósito: la renovada pelea a cielo abierto entre diferentes segmentos del peronismo nacional reinsertó un debate aún no saldado en lo que hoy es Unión por la Patria. ¿Fue la interna expuesta lo que derivó en el gobierno fallido o fue al revés? Seguramente que la disputa pública entre dirigentes oficialistas cae pésimo en la sociedad, pero hay un elemento que suele olvidarse: en 2021, elecciones de medio término, el justicialismo cayó derrotado por 10 puntos. Y todavía no había cartas incendiarias de Cristina.

Los jubilados y pensionados, entonces, ya fueron crucificados y muertos durante 8 años, pero ahora la pretensión oficial es sepultarlos definitivamente, como se observa de manera nítida en la fórmula de movilidad que el gobierno resolvió por DNU. Tras la licuadora, ahora motosierra.

No habrá resurrección de los haberes previsiones con el actual programa económico porque su objetivo es justamente el contrario. Para que ocurra lo contrario, las fuerzas del cielo deberán ser vencidas en el mundanal terreno de la política. En el Congreso, más precisamente. Felices Pascuas, la casta está en orden.