Buscan reactivar la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad
A través de la misma, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, se busca reducir el costo social y económico del encarcelamiento, disminuyendo la población penitenciaria, los índices de reincidencia y enfocándose en objetivos para la reintegración social y laboral.
Con el objetivo de reducir la población carcelaria y el costo social económico de la misma, así como también disminuir los índices de reincidencia, el Gobierno santafesino apunta a reactivar la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad.
Haciendo énfasis en la reintegración social y laboral, si bien esta dirección ya existía, desde el gobierno de Maximiliano Pullaro se envió un paquete de leyes a la Legislatura provincial para darle mayor relevancia y el encuadre legal requerido.
Esta repartición depende de la Secretaría de Asuntos Penales, dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.
Matías Lanfranchi, director de la agencia, explicó que “a grandes rasgos sus funciones son el control y asistencia de las libertades condicionales, libertades asistidas, penas de ejecución condicional, suspensiones de juicios a prueba y prisiones domiciliarias”.
“Todas aquellas personas que deseen tener una segunda oportunidad y cumplan con todas las reglas de conducta, van a tener las herramientas a disposición. En cambio los que no tengan esta voluntad, indefectiblemente cumplirán su pena dentro de las unidades penitenciarias de la provincia”, dijo Lanfranchi, que agregó también que tienen “una clara línea de acción” marcada por “el gobernador Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni”, que cumplen “sin moverse un milímetro”.
En su funcionamiento, esta agencia trabaja en conjunto con distintas entidades intermedias y programas para la reintegración de las personas en el ámbito laboral y la capacitación en oficios, por lo que también está en coordinación con la Subsecretaría de Empleo Decente y Capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de los programas Prácticas Laborales y Empleo Joven.
Así también, ya están avanzadas las gestiones para que jóvenes ingresen al programa Nueva Oportunidad, para que puedan acceder a distintas capacitaciones y cursos de formación.
Por su parte, la Agencia cuenta con herramientas propias como el Fondo de Capacitadores y el Programa Post Penitenciario, con el objetivo de llegar a 120 tutelados; y con el programa Extrema Vulnerabilidad, otra propuesta propia de la Agencia, que tiene por objeto asistir a aquellos tutelados que se encuentren en situaciones graves en cuanto a lo alimenticio y habitacional.
Al igual que con el Nueva Oportunidad, se promueven vínculos interministeriales para poder dotar de mayor apertura a la Agencia. De hecho con el Ministerio de Educación se trabaja en conjunto para generar cupos de inscripción fuera de término en Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) y Centros de Capacitación Laboral (CECLA).
Asimismo, la Agencia le otorga celeridad en la tramitación del DNI en un trabajo coordinado con el Registro Civil. A través de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se pudo acceder al programa Otra Vuelta, para la culminación de la escuela secundaria.
De la misma manera, también se realizó un trabajo integral en el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), en el cual se georeferenciaron los tutelados que viven en los barrios priorizados y se recopiló información obtenida a través de las entrevistas que se realizan mensualmente en el área social. De esta manera se lograron avances en la identificación de las demandas y necesidades de este grupo de personas y su entorno familiar para colaborar en la reducción de la criminalidad en estos barrios priorizados.
Finalmente, en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad articuló un curso de Reeducación Vial para aquellos tutelados condenados por delitos en ocasión de siniestros viales. La actividad se divide en once módulos, diez teóricos y un práctico, en el cual se deben cumplir trabajos comunitarios relacionados con la temática en cuestión.
“Queremos que esta herramienta llegue a todo el territorio provincial y poder aplicar una verdadera justicia restaurativa en los casos de siniestros viales”, concluyó Lanfranchi al respecto.