La investigación en Rosario sobre la estafa piramidal urdida por la organización Generación Zoe avanzó estos días con la imputación de siete personas más que se suman a las cuatro que habían sido acusadas en mayo de 2022, y con la presentación de 30 damnificados más en Rosario y la región. Entre estas, se cuenta el líder, Leonardo Cositorto, capturado un mes antes en República Dominicana tras mantenerse fugitivo dos meses desde que el desfalco millonario salió a la luz, con decenas de damnificados no solo en Rosario, también en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Corrientes. 

El fiscal de Delitos Económicos Mariano Ríos Artacho acusó ante la jueza de primera instancia Silvana Lamas a nuevos involucrados en la trama de estafas a inversores, todos arrestados el domingo 22 de octubre, cuando cada uno concurrió a votar en la elección presidencial. La magistrada hizo lugar y los imputó por asociación ilícita y estafa pero –por acuerdo entre Fiscalía y las defensas– sin prisión preventiva, en libertad bajo caución y prohibición de salir del país.

En esta segunda audiencia imputativa se presentaron 30 damnificados de Rosario y otras localidades de la provincia. Se suman a otras 11 personas que se habían presentado como demandantes en la primera, de mayo de 2022.  

Los imputados esta vez son Maximiliano Aguirre Bosc, Francisco Ferri, Marcos Medinelli, Juan Cruz Robledo, Diego Cadel, Federico Fernández Verdegna y Lucas Iglesias. Y se suman a los ya imputados Cositorto, Roque Delpiante, Delfina Delpiante y Verónica Rampello.

Ríos Artacho los considera partes de una organización fraudulenta estructurada en varias sociedades como Generación Zoe SA, Zoe Empowerment, Al Coaches SASA, Zoe Construcciones, Universidad del Trading SA y Zoe Cash.

Todos bajo la coordinación de Cositorto –ya célebre por su poder de oratoria y persuasión– simularon montar cursos de educación por coaching, asesoramiento financiero y gestión de inversiones, todo “para defraudar a las víctimas”.

“La maniobra –expuso el fiscal en la audiencia– consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas en Rosario (San Lorenzo 1716) o en Casilda, ya sea por una relación de amistad que mantenía con algunos de los imputados, por publicaciones en diferentes redes sociales en donde se le ofrecían rentas mensuales”.

Una de las inversiones más habituales las llamaban “membresías”, con las que prometían un interés mensual del 7,5%, algo imposible en cualquier mercado. 

Había membresías módicas de 400 a 599 dólares que generarían un interés del 7,5% mensual, más el acceso a una convención mundial de Generación Zoe, y el reintegro del capital invertido al cumplirse un año. 

La membresía mayor requería una inversión de 100.000 dólares y un bono cuatrimestral de U$S 5.000. Esto, a interés del 10% mensual, más acceso a todas las convenciones mundiales y el reintegro del capital invertido al cumplirse cinco años.

Otras variantes, llamadas “robots” o “bots”, consistían en tomar dineros con diferentes plazos e intereses, siempre con la promesa de la devolución del capital al finalizar el plazo. 

El fiscal señaló la intención dolosa de esta banda porque hacían todo esto “a sabiendas de no poder abonar lo prometido”. Y la rueda se trancó en febrero de 2022. La organización dejó de pagar los intereses convenidos e interrumpió los reintegros de capital a sus inversores. 

El fraude con estas operaciones sumó 400.000 dólares. 

La pesquisa descubrió que “una vez que reunían el dinero obtenido de las víctimas, dos miembros –María Rosa González Rincón y Claudio Álvarez– lo transformaban en criptoactivos que transferían a cuentas de distintos usuarios, la mayoría en la plataforma Binance. Desde esas cuentas redireccionaban los fondos para dificultar la trazabilidad de los mismos”.

Ríos Artacho sostuvo la figura de asociación ilícita al señalar las funciones específicas de cada miembro conforme el objetivo de apropiarse de los dineros de sus víctimas. 

La extensa imputación narra distintos hechos comprobados que alcanzan también acusaciones de lavado de dinero, todos con el mismo modus operandi: tomar utilidades fraudulentas de Generación Zoe, y pasarlos a monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, o USDT en Binance. Luego, lo redireccionaban a diversas cuentas para escabullirlos en ese laberinto de finanzas entre mayo de 2021 y febrero de 2022, cuando explotó el escándalo. 

Bajo ese modelo se le atribuyeron maniobras a Aguirre Bosc por U$S 35 millones; Medinelli por U$S 7,4 millones; Robledo por U$S 7 millones; Cadel por U$S 1,18 millón; Ferri por U$S 800 mil; Iglesias por U$S 503.000; Fernández Verdegna por U$S 3 millones.