La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo a las excarcelaciones que solicitaron siete policías investigados en la causa por el homicidio de Lucas González. La decisión fue en línea con lo que había postulado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo de Leonel Gómez Barbella y que había resuelto en coincidencia el juez Martín Del Viso.

La decisión de confirmar las detenciones alcanza a un comisario y a un subcomisario de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4, así como también a un Comisario y a un principal de la Comisaría Vecinal 4D. Los cuatro habían sido procesados en la causa por los delitos de “falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público por ser el delito precedente especialmente grave y falso testimonio”.

En esa misma línea, los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto también confirmaron el rechazo de las excarcelaciones que solicitaron un subcomisario y dos oficiales, procesados en el expediente por los delitos de “encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley privaron de la libertad a J.S, Lucas González y J.Z.G y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo”.

Los camaristas explicaron que no podían pasarse por alto “las graves características de los episodios” que se les atribuyen ya que habrían privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y habrían alterado rastros y pruebas del delito que habrían cometido los tres oficiales acusados de matar a Lucas González. Resaltaron, en esa línea, que un grupo de funcionarios policiales se habrían encargado de “plantar” un arma de utilería en el auto que ocupaban las víctimas. En el marco de ese procedimiento, se habrían dirigido a las víctimas con frases despectivas como "a estos villeritos hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno” y “nadie saca foto, nadie filma, nadie saca nada”.

“Las presentes consideraciones se efectúan sin que impliquen una valoración anticipada de la prueba y al solo efecto de ponderar de manera correcta la presencia o no de indicadores de riesgos procesales, tal como demanda el catálogo procesal al tratar estas incidencias”, explicaron los jueces. Marcaron también la existencia de “riesgo de presión” a los damnificados, a sus familiares y a testigos que deban declarar en un eventual juicio “sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”.

Para los camaristas, que las víctimas y los distintos testigos puedan presentarse sin condicionamiento constituye un elemento más para mantener las detenciones. Consideraron sobre todo que los implicados podrían contar con los medios para dar fácilmente con los damnificados y las zonas que frecuentan. A eso le sumaron que el tiempo cumplido en detención “no luce desproporcionado” frente a la grave imputación que se les dirige.

“De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, y en tanto según consta en el sumario principal aún se están practicando medidas que derivaron en nuevas y recientes detenciones, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación se mantiene más que vigente”, resumieron los jueces al momento de rechazar los pedidos de excarcelación.

El hecho

En la mañana del 17 de noviembre, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Surán del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de campo, en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales, que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

El joven de 17 años, que viajaba en el asiento del acompañante, recibió 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna” -donde permaneció con custodia policial-, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció al día siguiente por la tarde. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.

Tres días después del hecho, los policías investigados por el ataque fueron detenidos cuando llegaban a la comisaría donde trabajaban, y fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio de Lucas, la tentativa de homicidio agravada y la privación ilegal de la libertad agravada respecto de sus tres amigos, y por el delito de falsedad ideológica. Sus procesamientos ya fueron confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.