La Multisectorial Paren de Fumigarnos informó que la justicia imputó a un productor agropecuario por ser penalmente responsable de fumigar con agrotóxicos contra Norma Cabrera y su familia, en la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Asimismo, por solicitud de la fiscalía y la querella, el juez interviniente dictó una medida cautelar ordenando el cese de la aplicación de agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana. 

Estuvieron presentes en la audiencia Álvaro Campos, juez penal de Primera Instancia; los fiscales Matías Ocariz, Darío Monti y Pablo Lanza por el Ministerio Público Fiscal (Sede Rosario); Rafael Colombo y Lucas Micheloud, abogades de la Multisectorial Paren de Fumigarnos e integrantes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y Norma Cabrera, por la parte querellante. 

Desde la querella se señaló que las prácticas llevadas a cabo por el productor agropecuario imputado son un fiel reflejo de un modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Durante al menos 6 años, este productor aplicó agrotóxicos a sabiendas de que podría estar dañando la salud de la familia Cabrera y jamás tomó medida alguna para minimizar los riesgos o evitar que se produjeran daños sobre la salud humana o el ambiente. 

Adicionalmente, argumentan que nunca se respetó la distancia mínima de la legislación provincial; las fumigaciones se realizaban sin dar previo aviso a la familia Cabrera; no se contó, en muchos casos, con la receta agronómica correspondiente; sin tener en cuenta la dirección del viento; sin importarle en lo más mínimo que frente al campo que arrienda y donde se aplican agrotóxicos de manera indiscriminada, viva una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y nietos. 

Sin importar que esa familia tenga en su terreno una pequeña y modesta granja para la cría de animales; sin importarle que esa familia tenga una huerta orgánica para su alimentación diaria. 

Mientras ocurren estas cosas, los Gobiernos no controlan y la Legislatura Santafesina sigue dudando sobre modificar la Ley 11.273 atendiendo más los intereses del agronegocio que los de la población expuesta a los agrotóxicos.