La ola de crímenes ejecutados en un puñado de días de comienzos de marzo que estremeció a Rosario tiene su primera audiencia imputativa. Este martes comenzó a desenredarse la serie de cuatro asesinatos al azar a trabajadores de la ciudad -dos taxistas, un colectivero y un playero- como respuesta violenta a ciertas restricciones que el gobierno de Maximiliano Pullaro le impuso a los presos de alto perfil. 

El equipo de fiscales dirigido por Adrián Spelta y Patricio Saldutti, sentó en audiencia imputativa frente a la jueza Paula Álvarez a Alejandro Núñez, más conocido como Chuky Monedita, como el principal organizador de un plan tramado desde el ámbito carcelario, aparentemente por Esteban Alvarado, y ejecutado por sicarios en la calle.

Chuky está preso en Piñeiro y le daba órdenes a su pareja, Brenda Pared, quien luego trasladaba las directivas a Gustavo Márquez y su novio Macarena Muñoz, quienes posteriormente reclutaban a menores de edad para llevar a cabo la ejecución material de los crímenes.

Justamente, la audiencia comenzó por describir cómo se realizaba ese reclutamiento de pibes de alrededor de 15 años, con la condición de ser menores de 18 años para evitar la responsabilidad penal. El procedimiento para cooptar a los jóvenes dispuestos a empuñar las armas era rudimentario: alguno con un prontuario, algún “conocido de” capaz de enfrentar semejante acción, hasta un novio de alguien del barrio. 

Los tres adolescentes detenidos en los últimos días como probables ejecutores materiales de los crímenes quedan a cargo de la Justicia de Menores. Uno de ellos, de 15 años, cayó detenido en el barrio Fontanarrosa (ex Zona Cero). 

Según expuso el fiscal Spelta, fue quien gatilló a los dos taxistas en días consecutivos, el martes 5 y el miércoles 6, Héctor Figueroa y Diego Celentano respectivamente, y dos días después al playero Bruno Bussanich en su turno en la estación de servicio. El primer crimen lo pagaron $300.000, mientras que para el segundo homicidio la suma se elevó a $400.000.