Tal vez aún no lo perciban porque recién estamos en los aprestos de la batalla, pero los docentes argentinos están a punto de recibir una agresión voluntaria y decidida de un tamaño difícil de encontrar al menos en el siglo XXI.

La decisión autofestejada del presidente Javier Milei de triturar las transferencias no automáticas a las provincias, a las cuales con mala prensa se las generaliza como “discrecionales”, perfora de manera directa el sueldo de los educadores al desfinanciar el Fondo de Incentivo Docente, conquista que se remonta a fines de los 90’ con la lucha de la Carpa Blanca. No se trata ya sólo de una caída del poder adquisitivo frente a la inflación sino que es una reducción nominal del salario.

Hay un antecedente de esta crueldad disfrazada de ataque a los privilegios de la casta. En el gobierno de Mauricio Macri, quien por estas horas intenta copar la Casa Rosada ante la asombrosa impericia política libertaria, suspendió en 2018 la Paritaria Nacional Docente y congeló el FONID.

En aquella ocasión, Amsafe y Sadop presionaron al gobierno provincial de Miguel Lifschitz para que cubra ese bache. Lo lograron. No parece ser el mismo contexto que el actual, no sólo por el diferente perfil de ambas gestiones y la situación financiera del Estado santafesino, sino también por el humor social frente a los paros docentes.

Hay un artículo del presupuesto provincial 2024 que se repite todos los años, pero que ahora adquiere un voltaje sustantivo. Es el 13: “Los importes a abonar en el ejercicio 2024 al Sector Docente Provincial en concepto de Incentivo Docente, estarán limitados a los ingresos provenientes del Gobierno Nacional, que con tal destino se efectivicen en dicho ejercicio”. A mí no me miren, dirá Maximiliano Pullaro.

A esto hay que agregarle la intención de declarar a la educación como un servicio esencial. Está incluido en el mega DNU 70 de Milei, si bien por ahora ese capítulo está suspendido judicialmente. Consiste en que, aún con medidas de fuerza, tiene que estar garantizado el 75% de la actividad. Es decir: si una escuela tiene 100 maestros, sólo 25 pueden hacer paro. Es, en la práctica, la cuasi eliminación del derecho a huelga.

No está claro que los trabajadores de la educación tengan plena conciencia de lo que eso significa. La reducción a la casi nada del principal instrumento de presión para la paritaria deja a los docentes librados a la buena (o mala) voluntad de sus patrones. Eso derivará, inevitablemente, en un descenso de sus ingresos. Ya se vio en la cuarentena, cuando los paros eran virtuales y su efecto muy menor, porque el carozo del asunto para, digamos, la gente es que la organización de su día incluye dejar a los chicos en la escuela y es a eso a lo que los gobiernos le prestan atención.

Un recordatorio final para la sala de profes: las leyes de Paritaria Nacional Docente y Financiamiento Educativo son del kirchnerismo. El peronchismo embrutecedor champagne es así.