A 20 días de la entrada en vigencia del DNU 70/23, que entre otras cosas derogó la Ley de Alquileres, las inmobiliarias y propietarios rosarinos ya proponen contratos de lo más variados en cuanto al precio y al mecanismo de ajuste: van desde seis meses con actualizaciones bimestrales hasta dos años con actualizaciones semestrales, la mayoría regulados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y algunos en dólares.

Desde el 29 de diciembre los nuevos contratos de alquiler dejaron de tener un plazo mínimo legal (antes eran de tres años con una actualización semestral por Coeficiente de Variación Salarial), por lo que el precio, la moneda de pago y el mecanismo de ajuste quedaron liberados al común acuerdo entre inquilinos y propietarios. En Rosario ya se registran aumentos de hasta 300%.

“Vemos contratos de seis meses e intentos de prórrogas contractuales de tres meses, contratos de seis meses con actualización bimestral, anuales con actualización trimestral y también de dos años con actualizaciones trimestrales o semestrales, algunos en base al IPC y otros al Índice de Contratos de Locación (ICL)”, detalló a RosarioPlus Ariel D'Orazio, Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor.

Y sumó: “Al no haber marco jurídico se generan todo este tipo de distorsiones que afectan a los inquilinos e inquilinas, pero a largo plazo también perjudicarán a los pequeños propietarios en favor de la concentración del capital inmobiliario en las grandes ciudades. Vemos riesgo de morosidad y mucha preocupación por la falta de seguridad jurídica a favor de las familias que alquilan".