El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe reclamó al gobernador Omar Perotti que, a la hora de remitir los pliegos de candidatos para el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal, "priorice la idoneidad para garantizar a los ciudadanos la mejor defensa de sus garantías constitucionales”.

El reclamo fue plasmado en una carta remitida este lunes al mandatario provincial, a horas de que se conozca la identidad de los postulantes surgidos de las ternas elevadas por el jurado del concurso para cada uno de los cargos.

El documento está firmado por el secretario general Juan Pablo Langella y el secretario ejecutivo Jorge Perlo, y en su primer tramo defiende el propio procedimiento del concurso al que define como “claro y transparente de cara a la comunidad y sin impugnaciones que pudieran menoscabarlo”. 

Asimismo, destacan “la honestidad, el compromiso y la responsabilidad asumida por el Consejo de la Magistratura en la tarea de selección”.

“Sostenemos que se deberá considerar lo normado por la Constitución nacional y provincial con relación a la idoneidad para el acceso a los cargos público lo cual sumado a la honestidad, el compromiso y la responsabilidad asumida por el Consejo de la Magistratura en la tarea de sección resulta necesario ponderar aspectos superadores en la futura gestión de estos institutos”, reza uno de los párrafos.

Para los judiciales "es fundamental y sustantivo que los elegidos tengan plena conciencia del respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales, otros integrantes del poder judicial y al movimiento obrero y en especial con relación a la independencia del poder judicial que la vida democrática nos exige”.

Por último, la nota enviada a gobernación sostiene que se apelará “al criterio”, del gobierno provincial “en búsqueda de hombres y mujeres que serán indispensables para definir la política criminal en beneficio de la paz y el bienestar del pueblo santafesino y asegurar a su vez, a aquellos ciudadanos y ciudadanas la mejor defensa de sus garantías constitucionales y legales en juicios penales”.