El 10 de febrero de 2014 comenzó a funcionar en Santa Fe el nuevo sistema procesal penal, una de las transformaciones institucionales más importantes que experimentó la provincia en toda su historia. A ocho años de ese cambio, que resultó sustancial para la democratización y la constitucionalización de la Justicia Penal santafesina, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) logró posicionarse como un actor clave en la persecución penal del delito.

En el marco de un nuevo aniversario, el Fiscal General, Jorge Baclini, presentó su Informe Anual de Gestión correspondiente al periodo 2020-2021. “Los logros conseguidos en el cuarto año que estoy al frente de la institución permiten arribar a una conclusión muy clara: el MPA continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación”, afirmó Baclini.

“Si bien el nuevo sistema procesal penal fue puesto en marcha recién hace ocho años, lo cual es muy poco tiempo en términos institucionales, los datos del Informe de Gestión evidencian que el MPA adquirió un rol determinante para las víctimas de delitos”, consideró el Fiscal General. En tal sentido, destacó que “los resultados alcanzados dan cuenta del lugar social que supo conseguir la institución a partir de la construcción de vínculos con actores y actoras de la provincia y de todo el país”.

Víctimas

“Una de las marcas distintivas de nuestra gestión es la importancia que con cada iniciativa le brindamos a las víctimas”, manifestó Baclini. “El valor de este lineamiento institucional se advierte, por ejemplo, en la creciente cantidad de usuarios del sistema de denuncias online puesto en marcha en 2020”, añadió.

El Fiscal General también se refirió a la perspectiva de género y dijo que “sigue siendo una de las características transversales de nuestro trabajo al frente del MPA”. En tal sentido, señaló que “son ejemplos de esta convicción los recursos financieros y humanos destinados al abordaje de la problemática; los protocolos elaborados y adoptados por diferentes actores institucionales; los informes estadísticos que se producen sistemáticamente y las capacitaciones brindadas en relación al tema”.

Algunos indicadores

Tal como se detalla en el Informe de Gestión del Fiscal General publicado el 30 de diciembre del año pasado y disponible en el sitio www.mpa.santafe.gov.ar, en 2008 se registraron 1.668 personas detenidas con condenas en la provincia. Por su parte, en 2014 -año en el que comenzó a funcionar el nuevo sistema procesal penal- esa cantidad fue de 2.354. En tanto, en 2021 se elevó a 4.066 personas.

Con respecto a los juicios orales y públicos llevados a cabo en la provincia de Santa Fe, se registró un crecimiento sostenido desde el inicio del nuevo sistema procesal penal. En 2014 se realizaron 11 juicios; en 2019 se contabilizaron 258 y en 2020 –a pesar de la pandemia– fueron 200. Los últimos datos consolidados dan cuenta de que durante el primer semestre de 2021 se realizaron 131 juicios orales y públicos. “Desde el 10 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2021 ya son 959 los debates orales que se realizaron en todo el territorio santafesino”, sostuvo Baclini.

Por otra parte, el Fiscal General informó que “entre el 10 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2021 se iniciaron en la provincia de Santa Fe más de 1.600.000 investigaciones en las distintas unidades fiscales del MPA”. Por su parte, en el primer semestre de 2021 se crearon más de 110.000 legajos en toda la provincia.

En relación a la cantidad de audiencias, en 2014 se registraron 8.584 audiencias de primera y de segunda instancia. En tanto, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 se computaron 22.945 audiencias, de las cuales 21.118 fueron de primera instancia y 1.827 de segunda instancia.

Presencia institucional

El Fiscal General se refirió a la presencia institucional del MPA en toda la provincia. “Continuamos avanzando con nuestra política de despliegue territorial para extender el servicio de Justicia en localidades en las que nunca hubo sedes del Poder Judicial”, explicó.

“De esta manera, en función de inversiones propias y la vinculación institucional con municipios y comunas, las actividades del MPA se desarrollan en 35 espacios distribuidos en toda la provincia”, informó Baclini. “De ese total, cinco están en edificios administrados por el Poder Judicial de la provincia (Rosario; Villa Constitución; San Cristóbal; Reconquista y Rufino); 10 en espacios cedidos o compartidos por municipalidades y/o comunas (Las Parejas; Villa Gobernador Gálvez; Totoras; Roldán; Funes; Firmat; Villa Ocampo; Avellaneda; Frontera y Las Toscas) y los 20 restantes en inmuebles alquilados”, enumeró el Fiscal General.

“En la Fiscalía Regional 3, además de las unidades fiscales de Venado Tuerto, Melincué y Rufino, también se brinda atención en Firmat, Chañar Ladeado, Wheelright y Villa Cañás”, destacó Baclini. Por último, finalizó que “para 2022 está proyectada la apertura de otras dos delegaciones en las ciudades de Sunchales y Ceres, ámbito de la Fiscalía Regional 5”.

Profesionalización de la investigación

“A fines de 2020, las tareas de Bioquímica Forense y de Química Analítica que realizaba la policía de la provincia fueron traspasadas al Organismo de Investigaciones (OI) del MPA”, recordó Baclini. “También pasaron a la órbita del OI el personal, los equipos de alta tecnología y los espacios físicos destinados a prestar estos servicios”, agregó.

En ese marco, el Fiscal General del MPA hizo hincapié en que “tomamos la decisión de profesionalizar cada vez más las áreas de Criminalística y de Delitos Complejos” y precisó que “por ello venimos invirtiendo gran cantidad de recursos económicos para consolidar estos espacios en toda la provincia y trabajamos arduamente para poner en marcha laboratorios especializados en las cinco circunscripciones judiciales”.

“Durante 2022 está previsto que se terminen de instalar los laboratorios en la ciudad de Rafaela y de Reconquista, lo cual garantizará la prestación de servicios biológicos forenses (al menos los más básicos y más requeridos por las y los fiscales) en cada una de las Fiscalías Regionales del MPA”, puntualizó Baclini.

Régimen disciplinario

El Fiscal General del MPA adelantó que “continuaremos planteando en las instancias institucionales que correspondan la necesidad de modificar el régimen disciplinario de fiscales y fiscales adjuntos, que ahora depende del Poder Legislativo de la provincia”. En esa línea, aseguró que “las modificaciones implementadas a la ley provincial número 13.013 implican un avasallamiento a la independencia y a la autonomía del MPA”.

“Estamos firmemente convencidos de que debe volverse al régimen original en el que las y los fiscales no estaban sometidos a un control político, sino a un sistema disciplinario jurídico que seguía los lineamientos de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial y que era similar a lo regulado por las leyes orgánicas de los ministerios públicos de todo el país”, advirtió el titular del MPA.