Maximiliano Pullaro envía este lunes a dos emisarios ante el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, para intentar frenar la ofensiva del Gobierno sobre la industria de biocombustibles, que con el proyecto de ley ómnibus pretende eliminar el régimen para pymes de ese sector.

Son el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la vicegobernadora Gisela Scaglia, quienes tienen cita con Francos para plantear la mirada santafesina en torno a la Ley de Biocombustibles. El Ejecutivo ya instruyó a los legisladores nacionales por Santa Fe a buscar acuerdos con el fin de quitar el articulado del proyecto de ley que atenta contra el sector.

En el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional, se incluyen cambios en la ley que regula la industria del biocombustible, eliminando el corte obligatorio y permitiendo el ingreso de industrias petroleras al mercado. 

“Entendemos que hay un lobby petrolero que perjudica directamente a Santa Fe. En nuestra mirada, tenemos que ir a un esquema similar al de Brasil, donde vienen aumentando el corte de combustibles fósiles. Para que haya más producción de biodiesel debemos fijarlo en un mínimo del 10 % y llevarlo a un 14 % en 2024 y a un 15 % en 2025. El mundo va en este camino y no podemos permitir que Argentina retroceda”, afirmó Puccini.

Por otro lado, remarcó que “tiene que ser una reforma que contemple a todos pero en defensa de las industrias que ya están dentro del mercado, y sin sumar el impuesto que le cobran a las petroleras porque el biocombustible es no contaminante” remarcó, y agregó “Santa Fe tiene 19 plantas, representa el 82% de la producción de biodiesel, genera empleo y valor agregado. Hay industrias que han hecho inversiones con un marco legal que las protegía hasta 2030; no se puede cambiar las reglas de juego”.

A nivel país, son 33 plantas de biodiesel y 18 de bioetanol, que entre empleos directos e indirectos ocupan a unas 120 mil personas.

Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), valoró este posicionamiento provincial. "Este proyecto (del gobierno de Javier Milei) elimina el régimen de biocombustibles que incentivó el emplazamiento de numerosas pymes en localidades del interior, como Piamonte, Saá Pereira, Calchaquí. También en tantos otros pueblos de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Buenos Aires.

El biodiesel es el producto característico en Santa Fe, donde se elabora a partir del aceite de soja y las petroleras están obligadas a tomarlo como insumo para cortar el gasoil. En Córdoba y en el NOA prima el bioetanol, a partir del maní y de la caña de azúcar, respectivamente, utilizado para cortar las naftas.

“Este proyecto da por tierra con esta industrialización del interior. Quieren abrir el mercado, dicen, y eso implica a que la industria petrolera no esté obligada a cortar con biocombustibles. Y en todo caso, si quiere hacerlo, pueda importar desde Indonesia, Brasil, Estados Unidos, países donde sí hay protección para esta industria de energías renovables”, dijo en Sí 98.9.

“La salida no es modificar la ley sino potenciar la industria de nuestro país. Por eso rescato el reclamo de la provincia de Santa Fe. Argentina importa el 30% del gasoil que se consume. Aquí las plantas tienen capacidad ociosa, y estos productos contribuyen a desarrollar la economía del interior", planteó el empresario.

Facciano señaló que “en defensa del libre mercado nos vamos a quedar sin nada. Si la industria petrolera no está obligada a cortar sus combustibles fósiles con biocombustibles no lo va a  hacer, o lo hará si quiere”. 

Por último, ilustró sobre el impacto posible en la cadena de valor. “Tanto se habla de la seguridad jurídica, dentro de la ley todo fuera de la ley nada, ¿dónde dejo acá la previsibilidad, la seguridad jurídica? ¿Los compromisos asumidos por Argentina en la lucha contra el cambio climático? Estas pymes del biodiesel nacieron por el régimen que las incentivó. No tienen otro nicho de mercado. Además de las pymes, hay 600 pequeñas prensas de soja que producen aceite para las de biodiesel, y harina para los feed lots y criaderos de cerdos y pollos, y la ley que pretende el gobierno no tiene en cuenta esto. Es una cadena integrada: tocar un eslabón afecta al resto”.