Por Facundo Borrego

El vínculo entre la política santafesina y la Justicia provincial no logra salir de la tensión permanente. Las discusiones se van acumulando y, en lugar de aportar soluciones en un delicado escenario de violencia e inseguridad, suman a un pantanoso escenario en el que empieza a cuestionarse la calidad institucional. 

Sobran ejemplos: la indefinición de vacantes de jueces, la disputa por las atribuciones del cuerpo legislativo para remover fiscales, la picada discusión sobre la constitucionalidad de los fueros legislativos que generó la intención de imputar al senador Armando Traferri, y, ahora, el nuevo intento por desfederalizar el narcomenudeo.

Esto último prendió una chispa durante la semana. El senador radical Lisandro Enrico tomó el encendedor y le dio fuego: que las causas de tráfico a baja escala pasen a manos de los fiscales provinciales y que la Justicia federal se encargue de los peces gordos. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se plantó rápidamente y rechazó, una vez más, la idea. “Totalmente en contra”, dijo el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, en una demostración de representatividad del cuerpo y de que semejante poder fáctico se opondrá si se avanza en el debate legislativo para adherir a la ley nacional. 

Hay varios fundamentos sobre por qué la desfederalización sumaría problemas operativos y de otra índole que la Corte se encargó de pasar en limpio: estadística a granel con la persecución del eslabón más bajo del problema, el consumidor y pequeño distribuidor; sobrecarga de trabajo a los fiscales provinciales que, de por sí, están abarrotados; dificultades en el funcionamiento entre las policías, fiscales y jueces al habérsele otorgado un campo común de actuación.

La resistencia

Los cuestionamientos no son en abstracto, todo lo contrario. Es oportuno entender el contexto en que se propone la desfederalización, lo complejo de aplicarla y las derivaciones que pueden sumar al pantano. En primer lugar, hay que detenerse en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tiene los fiscales provinciales para el narcomenudeo: mientras el fiscal general Jorge Baclini promueve esta iniciativa, sus subordinados se resisten. Es decir, diferencias internas manifiestas donde hasta se acusa de desmanejo de la política criminal. 

“Hay tensión interna por la imposibilidad de cumplir con las demandas sociales y se requiere más conducción”, sostuvo a Rosarioplus alguien desde adentro del ministerio. Más: en breve se debería comenzar a elaborar el pliego para el recambio de autoridades, algo que por como viene todo, no sucederá. Por eso se preguntan cómo puede avanzarse en semejante modificación en medio de este desorden. 

Hay otros efectos latentes que parecen querer asomarse de manera peligrosa. Si las investigaciones pasan a la justicia provincial, la policía complementaría las mismas, y tendría una caja enorme y tentadora, algo que se cuestionó en los últimos años y se señaló como uno de los mayores factores para que se expanda el narcotráfico. Es decir, mientras se busca quitarle margen de maniobra a la policía para que no haya connivencia, esto le daría aparato y poder de manejarse con caja. “Se empoderaría ventanas de supuestos nichos de corrupción”, fundamentó el ministro de la Corte, Daniel Erbetta en Sí 98.9.

También lo planteó hace unos años junto al defensor Gustavo Franceschetti en un artículo de doctrina llamado "Ley de drogas: “desfederalización a la carta". "Si algo debería haberse internalizado a esta altura, (...) es que más se amplían los espacios de arbitrariedad de muchas agencias y, ante la falta de controles institucionales adecuados, se abren más ventanas que favorecen la corrupción", escriben. 

Como se señaló, la desfederalización es una de las discusiones sobre el sistema político-judicial santafesino. Las mismas parecen ser de índole funcional aunque a veces se conduzca hacia una controversia orgánica que pone en tela de juicio muchas construcciones. A modo de ejemplo, lejos quedó aquel consenso total con el nuevo sistema procesal penal que se implementa desde 2014. Si bien no se cuestiona su existencia, sí entró en una etapa en donde hay necesidad de mejorar su funcionamiento, por más que haya dado resultados importantes. El tema son los modos en que se llevan adelante esos ajustes, con la puja antes que el objetivo común y ciudadano.

En rigor, la disputa de poder no se detiene. Por lo pronto no se entró en el complejo umbral de judicialización de la política, o politización de la justicia. En Santa Fe hay barro sin meter mano a esas herramientas. Claro, hay otras. La mayoría de los actores coinciden en que el mayor problema es la falta de diálogo, una frase hecha pero real, que se traduce en que nadie quiere ceder ni un mínimo de su espacio. "Es una brújula imantada: no se sabe dónde está el norte y el sur", definió Erbetta y aplica en este escenario.