Todo comenzó con la filtración y publicación de un texto que sugiere que la mayoría conservadora que domina la Corte Suprema de los Estados Unidos, estaría presta a anular el caso “Roe versus Wade”, la histórica sentencia que consagra el derecho constitucional al aborto.
De producirse, la medida significaría una severa retracción en materia de derechos y sentaría un
precedente peligroso. Quienes conocen “El cuento de la criada”, podrán comprender que el camino a Gilead comienza a allanarse.

El texto filtrado

En el borrador -un proyecto de dictamen- en cuestión, el juez de la Corte Samuel Alito expresó que “Roe fue atrozmente erróneo desde el principio”. Los también conservadores jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett acompañaron esa opinión: “sostenemos que Roe y Casey deben ser revocados” (en referencia al caso de 1992 “Planned Parenthood versus Casey”, que afirmó el derecho constitucional al aborto al tiempo que permitía a los estados regular el procedimiento).

En su línea argumental, Alito expresó a los otros jueces: “sólo podemos hacer nuestro trabajo, que es interpretar la ley, aplicar los principios de stare decisis (seguir lo decidido), y decidir este caso en consecuencia”. Y continuó diciendo que “por lo tanto, sostenemos que la Constitución no confiere un derecho al aborto”, para concluir que “la autoridad para regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes elegidos”.

Reacciones

En un comunicado conjunto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi -ambos del Partido Demócrata- expresaron que “si el informe es preciso, el Tribunal Supremo está preparado para infligir la mayor restricción de
derechos de los últimos 50 años, no solo a las mujeres sino a todos los estadounidenses”.

El aborto es un derecho consagrado por la Constitución desde 1973, es decir, durante una quinta parte de la historia del país.

Cambiar de rumbo ahora y más en un país que se ha caracterizado por respetar la jurisprudencia, se traduciría rápidamente en una profundización de la polarización. Y esa polarización sólo termina por beneficiar las conductas más extremistas en detrimento de las moderadas, justamente en un año electoral. El 8 de noviembre se llevarán adelante las elecciones de medio término que determinarán las condiciones del segundo tramo del gobierno de Joe Biden.

Por otra parte, el daño a la salud pública sería notorio. Hacer que los abortos sean ilegales no hará que desaparezcan. Sólo los hará más peligrosos, más caros y conducirá a la criminalización de las mujeres, especialmente de las más pobres y las afrodecendientes.
Las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos sostienen que, si se anula el caso Roe, más de 20 Estados prohibirán el aborto, muchos de ellos a través de las llamadas “leyes gatillo”. Es por eso que, tras la publicación del proyecto de dictamen, organizaron una manifestación ante el Tribunal Supremo, donde ya se habían levantado barreras en previsión de las protestas.

Los activistas subrayaron la necesidad de que el Congreso actúe inmediatamente para proteger la libertad reproductiva a nivel federal, y de que la ciudadanía se manifieste públicamente y luche por sus derechos.

En el Senado hay un proyecto de ley de “Protección de la Salud de la Mujer” de la senadora Tammy Baldwin -Partido Demócrata- ya aprobada en la Cámara de Representantes en septiembre del año pasado. Sin embargo, la medida no fue aprobada en la cámara alta después de que el senador demócrata de Virgina Occidental, de tendencia conservadora, Joe Manchin, votara con los republicanos para obstaculizarla.

Otra senadora demócrata, Elizabeth Warren, afirmó que “es hora de que los millones de personas que apoyan la Constitución y el derecho al aborto se levanten y hagan oír su voz. No vamos a retroceder, nunca”. Como puede apreciarse, los ánimos están caldeados.

El trasfondo

La crispación que produjo la aparición del borrador y la profundización de la polarización política e ideológica a la que conduce, favorece a quienes se erigen como representantes de esos polos.

La clave para entender lo que está sucediendo debe buscarse unos pocos años más atrás. Durante su mandato, Donald Trump designó a tres de los nueve integrantes de la Corte Suprema -la máxima instancia judicial y fuente de jurisprudencia del país-, algo que modificó sustancialmente el equilibrio del alto tribunal, que consolidó una mayoría de seis magistrados conservadores sobre tres progresistas. Se rompió así la tradición histórica de paridad y alternancia entre mayorías conservadoras y progresistas que reinaba en el poder judicial estadounidense.

Pero Trump no apuntó solamente al máximo tribunal. Designó también a 163 jueces de distrito y 53 miembros de tribunales de segunda instancia, en su mayoría jóvenes conservadores. De esa manera construyó meticulosamente un poder judicial conservador -y hasta reaccionario- que tomará decisiones durante décadas.

Trump supo aprovechar un error estratégico del gobierno demócrata que lo antecedió. Las últimas designaciones de miembros de la Corte Suprema que hizo, fueron posibles gracias a la reforma sancionada -pese a la oposición republicana de ese entonces- durante el segundo mandato de Barack Obama, que facultó al Senado a nombrar jueces y funcionarios con mayoría simple. Un error de estrategia política que generaciones enteras pagarán muy caro.

Esta situación podría conducir a un divorcio entre amplios sectores de la población y el poder judicial. El problema radica en que históricamente es ese poder el que goza de mayor credibilidad por parte de la ciudadanía.

Liderazgos como el de Trump, replicado en distintas democracias, tienen el mismo patrón: o el
poder es mío, o tierra arrasada.