Ex país
Docentes, policías, médicos y jubilados se notifican de que ellos son el déficit fiscal y no la casta. El ataque de Milei a las provincias y la respuesta de los gobernadores, signos de este tiempo desangelado. Una mirada hacia el interior de Santa Fe, a propósito del federalismo de manta corta. El camino (asfaltado) hacia la desintegración y la necesidad de abrir otro sendero.
En estos días en los que la angustia viene pisteando como campeona, en la Invencible provincia de Santa Fe centenares de miles de docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros, jubilados y pensionados se están enterando por las malas que déficit fiscal no son los políticos, los ñoquis, los planeros o cualquiera de esos cucos alimentados a prejuicios, sino que son ellos mismos.
En efecto, el famoso gasto al cual había que pasarle cruelmente la motosierra se llama Fondo de Incentivo Docente, Plan 25, salarios de servidores públicos y haberes del sector pasivo. Y es absolutamente lógico, si se revisan algunos datos, con perdón de la época: la inversión provincial en personal de educación, seguridad y salud representa cerca del 60% de todos los sueldos que paga el Estado santafesino (incluidas empresas, organismos descentralizados, Legislatura y Poder Judicial) y más de un cuarto del gasto total. A nivel nacional, las jubilaciones y pensiones explican más de la mitad de las erogaciones estatales. ¿Por dónde creían que iba a pasar el recorte? ¿Por la casta?
El ataque masivo del presidente Javier Milei contra las Provincias no es sólo una estrategia para doblegar a los mandatarios díscolos: es su programa de gobierno. Puede, tal vez, en algún momento, por necesidades políticas coyunturales, ser levemente flexibilizado, pero el corazón está ahí. Ya lo dijo una y mil veces: para él, el Estado es una organización criminal. Y eso involucra a todos sus niveles, no sólo a la Nación. A ver si se enteran.
La respuesta en línea general de los gobiernos provinciales tuvo un tono ajeno a la idea de pertenencia a un mismo país. Ojo que cierro la llave del gas. Ojo que dejo a todo el mundo sin electricidad. Ojo que los puertos son míos. Para ser justos, nada estrictamente nuevo: en el –no tan- lejano 2001, al mismísimo Néstor Kirchner se lo acusaba de ser lobbysta de Repsol por conducir la petrolera Santa Cruz. Idéntico clima de época.
Es, en efecto, una reacción transversal. Administraciones provinciales peronistas, radicales, PRO y de fuerzas políticas locales procesan la agresión libertaria como un revival de unitarios vs federales. Al menos así lo hacen saber públicamente. Es que el discurso rojo punzó garpa en los territorios. Lo cual no impide, por cierto, que en la Pampa Húmeda se vote porteñazos a repetición en las elecciones presidenciales, como Mauricio Macri o el propio Milei, que lo son no sólo por su lugar de residencia sino también por su concepción del país.
Esa retórica no necesariamente se ajusta a los hechos. En la aún abierta polémica por la eliminación de los subsidios al transporte público, el gobernador Maximiliano Pullaro comparó el retiro de esos fondos nacionales con el pago del impuesto a los combustibles por parte de los santafesinos y santafesinas para después concluir que si ese tributo fuera cobrado por la Provincia, el boleto de colectivo sería gratuito. El problema de ese cálculo es que parte de la recaudación de ese tributo financia a la Anses. ¿Los jubilados y pensionados nacionales, beneficiarias de AUH y trabajadores del sector privado que cobran salario familiar viven solamente en el AMBA?
Cuidado, no es un invento del actual mandatario santafesino. Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti hicieron una política de Estado del juicio a la Nación por el 13% del total de la masa coparticipable que iba a solventar parte del sistema previsional argentino. Hasta que la Corte Suprema decidió en favor de la Provincia de Santa Fe –entre otras-, en 2015, la Anses era superavitaria. Ya se sabe lo que ocurrió después.
Este planteo no invalida la razonable defensa de los recursos del Estado provincial, pero debe saberse que tiene consecuencias concretas sobre gente de a pie que vive, trabaja y produce acá nomás. A propósito, ¿qué ocurriría si se aplicara el criterio productividad=recursos al interior de la bota santafesina? ¿Acaso son más eficientes los productores rurales en el departamento Belgrano que en Vera sólo por contar con tierras más fértiles y por ese motivo esa zona debe recibir mayores fondos? ¿Santa Fe capital tendría que contentarse con menos dineros públicos porque es una ciudad centralmente administrativa y de servicios? ¿Qué producen, en estos términos, el Hospital Cullen o el Hospital de Niños?
Es, además de todo, una lógica de mirada corta. Es bastante evidente que una mayor concentración de recursos derivaría en migraciones internas que provocarían aún más hacinamiento en las zonas más favorecidas, alentaría la multiplicación de la violencia urbana e incluso, desde la implacable perspectiva de las cifras, generaría un aumento del gasto público en materia de atención social. Salvo que se pretenda, al final del camino, levantar un muro para evitar que los hambrientos invadan estas pampas feraces y feroces.
Bonito futuro asoma en el horizonte si se persiste en la pavimentación del camino hacia la desintegración. Y si continúa por diversas vías el adelgazamiento, cuando no la amputación lisa y llana, de los músculos de un Estado nacional otrora fortachón, hoy de rodillas. Resulta a todas luces impostergable recrear la idea, no digamos ya siquiera el proyecto, de que la Argentina recupere su condición de país. Una Argentina, en definitiva, que vuelva a ser una sola patria.