Mujeres fiscales y funcionarias del Ministerio Público de la Acusación dieron a conocer un reclamo de cumplimiento de la ley de paridad de género en este ámbito, ya que recordaron “hubo dos concursos en el nuevo sistema judicial penal y en ninguno hubo mujeres en los cargos de autoridades”.

Actualmente de los cinco fiscales regionales y fiscal general sólo es María Eugenia Irribarren (Región Rosario) quien cumple este rol jerárquico, y su ascenso fue consignado por el fiscal general Jorge Baclini en interinato, en reemplazo de Patricio Serjal, quien debió dimitir por la escandalosa causa en la que fue señalado junto al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad de filtrar datos en una investigación a cambio de coimas en el mercado del juego clandestino.

Se trata de la primera mujer en la historia en cubrir un cargo de autoridad en la Fiscalía santafesina, pero concretamente no hubo al momento mujeres elegidas por concurso. Sucede que el nuevo Sistema Penal fue implementado en 2014 y la Ley de Paridad es de 2020, y según destacó la fiscal de Género Luciana Vallarella a Rosarioplus.com, “desde aquel año se convocó, pero sigue en trámite, al puesto de Fiscal Regional 3, y de fiscales titulares y adjuntos de toda la provincia”.

"En su momento nos reunimos con (el secretario de Justicia, Gabriel) Somaglia para que en el concurso de fiscales y adjuntos se tenga en cuenta la paridad, pero esta vez es para la renovación de las autoridades máximas: Fiscalía General y los cinco fiscales regionales, ya que la ley debe aplicarse para todos", aclaró Vallarella.

La misiva que hicieron pública se dirige Somaglia, encargado de organizar los concursos, y allí expresan: “Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución – fiscal general y cinco fiscalías regionales – a cargo de hombres”.

Y allí señalaron que “en la Provincia se sancionó en el año 2020 la Ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales”.

El comunicado

“Es momento de que las mujeres dirijan el MPA de santa fe:

El año que viene deben renovarse las máximas autoridades del MPA de la Provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo debe organizar los concursos, en los que intervendrán representantes de la magistratura, colegios profesionales y ámbito académico.

Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución – fiscal general y 5 fiscalías regionales – a cargo de hombres.

En la Provincia se sancionó en el año 2020 la Ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales.

En el año 2015, el Comité de CEDAW en la Recomendación General Nº 33 sostuvo que el acceso a la justicia de las mujeres es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por la Convención y para garantizar este derecho es necesaria la participación en pie de igualdad de las mujeres en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley.

El Comité entiende que el derecho de acceso a la justicia debe garantizarse no solo a las mujeres víctimas de discriminación o violencias, sino que también comprende la participación de las mismas en forma igualitaria en los cargos de administración de justicia, en todos sus niveles. Del mismo modo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que “se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en (…) la judicatura” y a adoptar “medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública”.

Es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias. Este acceso a la justicia paritario a los fines de garantizar una efectiva protección a los derechos de las mujeres, se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica entendiendo la misma no sólo en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación.

La perspectiva de género tiene una importancia central para los cargos de decisión del MPA. La persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá como misión la dirección y organización de todas las Fiscalías de la Región, mientras que quienes estén a cargo de las Fiscalías Regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos 6 años. Sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales.

Las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica, que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades, aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres; en las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no sólo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente.

Dicha idoneidad, compromiso y formación debe exigirse para quienes compongan el tribunal evaluador y estar compuesto tanto por mujeres como por hombres.

Por lo expuesto, solicitamos al secretario de Justicia que en cumplimiento la constitución y la ley provincial se designen a mujeres en los cargos de decisión del MPA.