Legisladoras provinciales se reunieron este lunes con funcionarias del Gobierno provincial para conocer en detalle el protocolo ejecutado por el Ejecutivo santafesino ante la situación de la menor de 12 años que fue abusada, embarazada y luego retenida por la ONG Grávida para evitar que no ejerza su derecho a la ILE.

Del encuentro participaron integrantes de los ministerios de Salud, de Género y de Desarrollo Social, junto a las legisladoras que integran la Comisión de Género de la Legislatura provincial.

Tras dicha reunión, que duró más de dos horas, funcionarias y ediles coincidieron en el marco de “diálogo y respeto” que ambas partes demostraron y concluyeron en que el Estado santafesino actuó "de acuerdo a la norma” desde el inicio del conflicto.

La cita corresponde a la diputada Lucila de Ponti, quien en conferencia de prensa amplió: “Queríamos tener una instancia oficial para conocer los protocolos y la acción ministerial ejecutados para preservar los derechos de la niña, y por eso valoramos muchísimo esta portunidad de diálogo”.

También señaló que “el accionar del Estado fue en todo momento respetuoso de las leyes y de la situación de la víctima”, aunque consideró la necesidad de “revisar los protocolos para las situaciones de extrema vulnerabilidad y que no se repitan las acciones delictivas por parte de terceros”, en referencia a la actitud tomada por Grávida.

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En tanto Nerea Tacari, subsecretaria de Politicas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Genero y Diversidad, celebró que “se haya concretado una reunión de forma respetuosa y con mucha normalidad”.

Sobre dicho encuentro, explicó que “se respondió a todas las inquietudes manifestadas por las legisladoras”, y ponderó el acuerdo alcanzado “para no seguir dilatando la situación de una niña de 12 años cuyos derechos ya fueron vulnerados”.

También explicó que las “acciones de proteccion” desplegadas durante las últimas semanas buscaron “intervenir desde el principio e interministerialmente porque se obstaculizaron sus derechos por parte de terceros”.

En cuanto al posible proceso judicial al que podría ser sometido Grávida, denuncia que vienen exigiendo funcionarios y militantes de diferentes espacios políticos locales, señaló: “Realizamos la denuncia correspondiente en Fiscalia y son ellos (el MPA) quienes ahora debe evaluar si hubo delito o no”.