Por Leo Ricciardino

Las 41 mil luces leds anunciadas, la mejora en la frecuencia del transporte urbano de pasajeros, la circulación de taxis que también es crítica en Rosario, la poda y escamonda en lugares oscuros; son la mejor política de seguridad que pueden ofrecer el intendente y los concejales. Todos los instrumentos que se debatieron e impulsaron esta semana son estructuras que no corresponden a un municipio por más grande que sea.

Las mesas de coordinación en seguridad con gobiernos locales que votó a regañadientes la Legislatura provincial, además de ser una copia del proyecto del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain ya venía funcionando antes de ser sancionada y durante la gestión de este funcionario. Y cuando funcionaban, entre pocas personas y con información sensible y útil, lo único que pedía la oposición era que el gobernador Omar Perotti convocara a la Junta Provincial de Seguridad: un amontonamiento de 60 personas que nunca llega a ninguna conclusión efectiva y que hasta se torna difícil para la foto. El gobernador les dio el gusto y las reuniones pasan ahora sin pena ni gloria y se pierden en una notable intrascendencia política. Un instrumento que simula acción de gobierno, una reiteración imparable en esta época de redes sociales donde el mostrar se confunde con los resultados y la gestión.

Además el intendente rosarino Pablo Javkin tiene la mejor mesa de coordinación en seguridad, que es la que comparte semanalmente con Perotti desde que ambos iniciaron sus gestiones. Tampoco necesita una ley que le otorgue la facultad de intervenir en el nombramiento del jefe de policía de Rosario. Se sabe que el mismo intendente, como jefe político de la ciudad, frenó hace poco la llegada de un policía del cordón industrial con dudoso pasado al principal sillón de la Unidad Regional II de Policía.

A caballo siempre entre la reforma policial y el trabajar en el día a día con lo que se tiene, deambulan las políticas públicas de seguridad en Santa Fe desde hace 15 años. Las urgencias son parecidas a las del fútbol, siempre se anuncia un proyecto sesudo y profundo que se termina a la vuelta de la esquina con la salida del técnico por la falta de resultados. Los fusibles saltan uno tras otro.

El intendente Javkin dice algo que es necesario tomar en cuenta para el combate al narcotráfico, las quemas intencionales en el humedal o la inflación: hay que generar más estatalidad. Instrumentos efectivos para que las políticas lleguen a buen puerto de una vez por todas. El proyecto pensado, profundo y consensuado. Casi imposible en la dinámica política de hoy.

La publicitada primer Agencia Municipal Antilavado que votaron los concejales de Rosario esta semana tras un arduo debate parece ser no sólo primera sino tal vez única ya que otros municipios argentinos no consideran que deban tener injerencia en uno de los crímenes más sofisticados, internacionales y difíciles de esclarecer como lo es el lavado de activos financieros.

Los concejales también se sensibilizaron con los incendios intencionales en las islas que tuvieron a mal traer a los rosarinos que se movilizaron al monumento y pusieron en jaque a todos los niveles del estado. Corrieron a reunirse con el fiscal Claudio Kishimoto para empaparse sobre el rumbo de las causas judiciales por la denuncia de quemas ilegales en las islas. Este amable fiscal los impuso en cambio de una realidad incontrastable: hace sólo un mes que tiene los expedientes como fiscal federal subrogante en Victoria y de paso les contó que su día no termina nunca porque debe atender además las causas de otras dos fiscalías en Rosario. Es decir, una escasísima estatalidad, en términos del intendente que también hizo notar que tras la pomposa reunión de 200 jueces federales en Rosario con la presencia de la Corte Suprema incluída, ninguna vacante de los tribunales federales de Rosario resultó cubierta.

Aunque reciban las quejas, lo más concreto que se hizo en materia de combate contra el fuego en las islas es la creación de un cuerpo de brigadistas estables contratados por la provincia. La colocación de los faros de conservación y los 600 mil pesos que sale cada viaje del helivalde. Con todo, hay una parte en la costosa cadena que no funciona y son los alertas tempranos que permitirían una acción más efectiva del dispositivo contra el fuego. La falta de estatalidad tenía que aparecer en algún punto del proceso.

No hay soluciones inmediatas para problemas estructurales y la buena voluntad no alcanza para enfrentarlos. Es obvio que hay que seguir haciendo, pero en otras direcciones.