La Legislatura acordó que la fiscal Cristina Ferraro sea inhabilitada durante cinco meses a ocupar su cargo en el Ministerio Público de la Acusación, por considerarla responsable de la falta de preservación de la escena del crimen del financista santafesino Hugo Oldani cometido en la tarde del 11 de febrero de 2020.

Ferraro, como integrante de la división Homicidios del MPA, debía custodiar y preservar el local Turismo Oldani, ubicado sobre la galería Rivadavia de nuestra ciudad, donde se produjo el asesinato. Sin embargo, cámaras de la zona captaron el momento en que aquella misma noche la propia Ferraro, junto a Virginia Oldani (hija de Hugo) y su esposo José Luis Hernández, ingresaban al local y luego salían con bolsos y cajas.

Por este hecho, y con el correr de los días, lo que parecía un simple asesinato se convirtió en uno de los casos más trascendentes de la provincia. Hoy se investiga si tras la fachada del negocio funcionaba una cueva financiera de gran envergadura (ver La cueva), y qué pasó con el millón de dólares y los tres millones de pesos que aquella noche desaparecieron del negocio familiar.

Tales trascendidos vienen siendo investigados por la justicia federal. Entre varias causas que se abrieron, Ferraro fue acusada de desatender sus obligaciones civiles y como presunta colaboradora en la desaparición de la millonaria suma. La causa fue tramitada por el fiscal Walter Rodríguez y fue utilizada como paraguas por el diputado provincial Leandro Busatto para iniciar además un proceso político en la Legislatura, a fin de definir una sanción que se votará el 24 de noviembre.

Un debate no tan claro

El amplio rechazo político a todo lo que rodea a la llamada "causa Oldani" (que incluye varias causas judiciales), particularmente a raíz de las imágenes filtradas que mostraron a la fiscal Ferraro entrando y saliendo de la escena del crimen con bolsos primero vacíos y después llenos, no fue suficiente para que la política santafesina, puertas adentro, hicera una lectura unánime sobre el tema.

De hecho, el debate parlamentario para determinar su sanción no fue tan claro. No tanto en cuanto por la presunta culpabilidad de la funcionaria, sobre la que hubo consenso, sino en relación a la intencionalidad de sus actos. Sobre este punto se basó el radicalismo para pedir una sanción menor a la exigida por el peronismo, fijada en seis meses (la máxima prevista por ley) y que deberá conformarse con cinco.

Sin embargo puede apuntarse como una victoria parlamentaria del justicialismo (minoría en la Cámara Baja), dado que algunos legisladores pedían una sanción aún menor. "Se analizó la responsabilidad de la fiscal en el hecho, es decir, si fue por un descuido o por connivencia, pero lo segundo no estuvo acreditado", señaló a este medio el senador Lisandro Enrico para justificar tal postura.

"Ferraro tenía buen desempeño previo, y eso fue valorado por todos e hizo al concepto general. Pero fue my notorio lo que pasó, e ineludible, por eso la sancion de 5 meses refiere a la omisión en la labor de custodia. No porque haya tenido dolo, porque si fuese así directamente sería para exonerarla. Pero en la misma resolucion de los 5 meses de sanción, establecimos además que la Legislatura va a estar esperando el proceso penal, porque si se confirman más cargos podemos volver a avocarnos y tratar su situación. Por el momento, nadie pudo demostrar que se llevó el dinero a proposito", completó.

Desapareció un millón de dólares, pero para la fiscal "no se perdió evidencia"

Los hechos

La Comisión de Acuerdos que investiga la labor de Ferraro está conformada por los diputados y senadores Joaquín Gramajo (PJ), Clara García (PS), Lionella Catallini (PS), Lisandro Enrico (UCR), Maximiliano Pullaro (UCR), Gabriel Chumpitaz (PRO), Fabián Bastía (UCR), Leandro Busatto (PJ), Rubén Pirola (PJ), Alcides Calvo (PJ), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) y Gabriel Real (PDP).

El diputado Busatto, en calidad de legislador acusador, justificó el proceso en base a tres hechos:

1) Por no haber ordenado el “inventario”, “secuestro” y “depósito” del dinero hallado en la agencia de Oldani. En tal sentido, se le señaló el no disponer “la apertura de la caja fuerte” y permitir que tres personas retiren la plata “sin registro del acto”.

2) “Haber entorpecido las investigaciones de la fiscal Mariela Jiménez” sobre el destino de los dólares y los pesos.

3) “Haber cometido en calidad de autora los (supuestos) delitos de encubrimiento agravado” y de “abuso de autoridad”, que son los que le reprochan en la Justicia federal.

También se apuntaron las siguientes irregularidades, siempre en base a la causa dirigida por el juez federal Rodríguez:

1) El día 14 de febrero de 2020, libró un oficio mediante el cual ordenó el secuestro de dinero que pudiera encontrarse en el local perteneciente a la firma “Turismo OLDANI SRL”, pidiendo, de esa forma, el aseguramiento físico de aquellos billetes que horas antes había devuelto de manera irregular;

2) El impulso del trámite penal iniciado en ámbito del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, con el propósito de investigar la difusión de imágenes correspondientes al dinero desaparecido;

3) La respuesta omisiva e inexacta, que brindó al oficio 283/20 que libró el Fiscal Federal, Dr. Walter Rodríguez en el marco del Expte. N° FRO 8809/2020, con el propósito de que se le informe si había reunido elementos indicativos que permitan establecer quiénes materializaron la sustracción de valores y dinero en efectivo durante la jornada del 11 de febrero de 2020 en la escena del crimen, y en caso contrario, proporcione las filmaciones que pudieren vincularse con este aspecto de la investigación; y

4) Las maniobras efectuadas, denunciadas por la Fiscal Mariela Giménez, relativas al ocultamiento deliberado de los registros fílmicos y declaraciones testimoniales de Virginia Oldani y José Luis Hernández, que daban cuenta de la autorización que habría concedido para que los recién nombrados retiren del local comercial antes mencionado -con la colaboración de terceros- el dinero efectivo en moneda nacional y extranjera antes aludido.

Causa Oldani: confirman diez procesamientos por la "cueva financiera"

La cueva

El asesinato de Oldani y sus posterior desenlace generaron además una compleja causa madre que buisca determinar si en Turismo Oldani funcionaba una cueva financiera (en base a las pruebas judiciales, algo casi innegable), cómo y con quiénes operaban. Así, y bajo el delito de "intermediación financiera no autorizada" hay diez imputados en total. Las instrucciones están a cargo del fiscal Rodríguez, quien detalló que la organización operaba ilegalmente en cuatro modalidades distintas: 

- La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación;

- La búsqueda de tenedores de cheques con intención de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo y condicionado a acreditación bancaria, a quienes Oldani les descontaba un porcentaje; 

- La colocación de los recursos financieros obtenidos en préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de aquellos y con escaso plazo de devolución,  préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento, y préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento;

- Utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.

En este marco, Virginia Oldani y María José Calle habrían actuado bajo el control de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores con roles equiparables a administrativos y ejecutivos, pero sin autonomía para tomar decisiones por cuenta propia.

También esán investigados Leandro Forchetti (vinculado a la financiera rosarina del grupo Carey), Flavio Giulioni, Ariel Trucco y Eugenio Alonso.

También están implicados Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, en su carácter de operadores del mencionado grupo Carey y la Mutual 29 de Noviembre, ambas de Rosario.