El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, ligado a Juntos por el Cambio, anunció este lunes que intentará declarar inconstitucional la resolución oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que cedió a miembros de dos comunidades un total de 21.500 hectáreas ubicada en el sur de la provincia.

Según informó en sus redes sociales, pidió "a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia".

Según se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional otorgó la posesión de 21.500 hectáreas a dos comunidades consideradas de antiguos mapuches, a través de sendas resoluciones que elaboró el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Se trata de hectáreas que benefician a las comunidades Lof ubicada en El Sosneado, en San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, que reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en zonas cuyanas. En total son 21.500 hectáreas, que fueron reconocidas tras la presentación de un informe histórico antropológico que se realizó para estudiar el vínculo que esas comunidades tenían con esas áreas.

La administración de Mendoza solicitó hoy al asesor de Gobierno Ricardo Canet y al fiscal de Estado, Fernando Simón, que realicen los procedimientos necesarios para frenar la ejecución de las resoluciones del INAI. Entre los argumentos, el texto señala que "el Estado Nacional, en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas, cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional".

Desde Malargüe, el intendente Juan Manuel Ojeda aseguró que "no existe la comunidad mapuche como tal en nuestro departamento" y se mostró preocupado por la medida dado que "lo que sucede en Malargüe y San Rafael, puede llegar a complicar la propiedad privada".Junto a Ojeda, legisladores provinciales y nacionales integrantes del Frente Cambia Mendoza ya se han manifestado en contra de la entrega.

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