La Legislatura provincial de Mendoza avaló la transferencia del 21,2% de la participación de la provincia en la empresa metalúrgica Impsa al Gobierno nacional. Este paso habilita la entrada de inversores privados, siendo el primer caso de privatización bajo la presidencia de la presidencia libertaria

De esta forma, Mendoza dio un paso clave hacia la privatización de la emblemática empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), tras la aprobación en el Senado provincial de una ley que autoriza la venta de sus acciones a manos privadas. Este avance legislativo se suma a las intenciones del gobierno nacional de ceder también su participación, lo que conduciría a una privatización total de la compañía.

La empresa especializada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, generación de energía nuclear y equipos para la industria de hidrocarburos, se encuentra en el centro del debate político y económico. Actualmente, el 63,7 % de las acciones de IMPSA pertenecen al Estado nacional, mientras que Mendoza posee un 21,2 %, con el resto en manos de acreedores y el grupo fundador, Pescarmona.

En julio, las autoridades argentinas y mendocinas anunciaron la necesidad de sanear las cuentas de la empresa, cuya deuda asciende a 500 millones de dólares, como parte de un plan para evitar su quiebra y garantizar la continuidad de sus operaciones.

La empresa estadounidense ARC Energy, dedicada a la industria del petróleo y gas, ha expresado públicamente su interés en adquirir parte de IMPSA, pero no es la única: otros potenciales inversores también han mostrado interés.

El destino de IMPSA, con sus 720 empleados y su relevancia en sectores estratégicos, sigue siendo un tema de amplio debate en la sociedad y la política argentina. Mientras, la privatización total parece inminente y la llegada de inversores extranjeros, como ARC Energy, plantea nuevas expectativas, pero también desafíos para una empresa que ha sido testigo de la volatilidad.