Después de la segunda cita que no obtuvo quorum para la Asamblea Legislativa, el 14 de octubre, Oscar Biagoni quedó aprobado de hecho al frente del Tribunal de Cuentas. Solo 28 legisladores se convocaron para votarlo en contra, de los cuales dos eran senadores, sobre un cuerpo de 19, es decir que faltaron 41 representantes. De esa forma, Biagioni se convirtió en el primer vocal del Tribunal de Cuentas en la historia de la provincia en asumir dos períodos sin haber obtenido ningún voto. 

En los días previos fueron creciendo los pedidos a Omar Perotti para que retire el pliego de Biagioni, por parte de agrupaciones feministas como la Mesa Ni Una Menos y Mujeres por la Paridad, entre otras, y diputados provinciales como Palo Oliver, Mónica Peralta y Dámaris Pacchiotti. Biagoni cuenta al día de hoy con cuatro denuncias por violencia laboral y de género en trámite administrativo o judicial, que incluyen maltrato laboral, discriminación, acoso y coacción. Las denuncias llegaron al Ministerio de Mujeres, Igualdad y Género de la Nación.

Biagioni presidió durante los seis años de su mandato el organismo, rompiendo la tradición de una rotación de la presidencia entre los diferentes vocales. Fue asesor del senador Armando Traferri entre 2011 y 2015 tras una larga carrera con altos cargos en el Estado, designado tanto por gobiernos peronistas como del Frente Progresista. Llegó por primera vez como vocal al Tribunal de Cuentas en agosto de 2015, propuesto por el entonces gobernador Antonio Bonfatti. En aquella ocasión, la Asamblea tampoco se conformó y la aprobación se dio por el mero paso del lapso legal establecido. 

Entre las denunciantes hay cinco las mujeres con diferentes categorías dentro del organismo presidido por Biagoni, que contaron en Diputados sus padecimientos y lo señalaron como autor de diferentes violencias de género, y como el responsable de un clima de hostigamiento y misoginia en las oficinas del Tribunal de Cuentas. Las denunciantes pasaron por varias instancias en los últimos dos años a partir de las agresiones. La periodista Bárbara Favant precisó que todas las que se atrevieron a dejar sentado los hechos terminaron con licencia médica y actualmente no se ven posibilitadas a ejercer sus funciones en su espacio laboral. Las denuncias fueron radicadas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Centros Territoriales de Denuncia, Defensoría del Pueblo, Secretaría (hoy Ministerio) de Género e Igualdad de la provincial, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y en los Tribunales laborales. Recibieron respuesta solo de las últimas dos instituciones.

El juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, sentenció este año a Biagioni por la autoría de hechos de violencia de género en su labor como presidente del Tribunal de Cuentas. El magistrado le ordenó a Biagioni y al abogado Fernando Serrichio “el inmediato cese de hostigamiento, malos tratos o tratos descomedidos y de actos de discriminación laboral" contra la denunciante que tiene más de una década de trabajo en el Tribunal de Cuentas. Además, se les impuso una “medida de protección de acercamiento y de comunicación directa” y les ordenó realizar la capacitación en todo el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme “la ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, Ley Nº 26.485. También les recomendó, especialmente, la lectura de la obra de Roberto Saba, “Más allá de la igualdad formal ante la ley. Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados".

Dos fiscales del Tribunal de Cuentas presentaron otra denuncia en el Senado provincial, con el aval del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, en la que relatan que en diciembre de 2020 las coaccionaron "a firmar una gestión que podría integrar una denuncia en un juzgado federal" y que no acceder a participar del trámite les trajo "consecuencias internas de exposición y denostación como profesionales y mujeres, además de las que ya veníamos tolerando desde 2017". Relatan que a partir de la sentencia judicial de Garibay comenzaron a recibir "muchas consultas de mujeres de todas las delegaciones del Tribunal de Cuentas preocupadas por la renovación del mandato de este vocal y que por miedo deciden callar, obedecer y bajar la cabeza, por ahora", recogió también Favant. Afirmaron que Biagioni obligó "a todos los empleados del Tribunal de Cuentas a firmar una solicitada para su renovación en el cargo" y que en especial "le recomienda a las mujeres que lo apoyen mediante un petitorio".

Denunciaron además que el mismo accionar lo realizó años atrás para que apoyen a su hijo Gino, luego de que este atropellara al joven Pato Gómez el 19 de febrero de 2017 en Mendoza y 27 de Febrero. "A mí me llaman a mi teléfono y me respiran, a mi viejo le pasó lo mismo y a los mejores amigos de mi hermano también", había señalado el hermano de Pato, Rodrigo, en momentos del proceso judicial contra Gino. 

Biagioni, además, está acusado de proteger al ex jefe de policía de la provincia Rafael Grau, acusado de fraguar la compra de repuestos y reparación de móviles policiales para quedarse con el dinero. En junio de 2016, el máximo encargado de cuidar la transparencia de las cuentas públicas le avisó sobre una denuncia en su contra, y le aconsejó cómo neutralizarla.