La Revolución Liberal de Javier Milei y el gobierno multipartidario con hegemonía radical de Maximiliano Pullaro se encaminan a reformar los sistemas previsionales del país y de la provincia con una dirección similar: reducir el déficit a través del recorte de derechos. Las tonalidades son distintas, claro, producto de la matriz política de una y otra gestión.

La voluntad reformista de ambos se asienta sobre un argumento que es indiscutible: los regímenes jubilatorios están en crisis en todo el mundo porque la gente vive más tiempo que hace décadas, cuando esos mecanismos fueron diseñados. Lo que sí debería estar sujeto a debate, y por ahora parece estarlo poco, es si la única respuesta posible a ese desafío es achicar los beneficios y redoblar exigencias para acceder al retiro.

En Santa Fe, la cosa parece estar bastante clara. Seguirán esta semana las exposiciones pour la galerie en la Comisión para la Reforma Previsional que integran legisladores, funcionarios y dirigentes sindicales, pero el proyecto oficial ya está prácticamente cocinado. Aumento de aportes, cambios en los cómputos especiales e incremento en la edad jubilatoria son los platos principales que estarán seguramente en el menú.

Anotación al margen: ¿en calidad de qué fueron invitadas las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe para discursear sobre la Caja de Jubilaciones de la Provincia? ¿En representación de los kiosqueros que con sus impuestos cubren el rojo previsional santafesino, en palabras del gobernador? No sería el caso, ya que ambas instituciones están exentas de pagar Ingresos Brutos. Tal vez fueron a pedir la eliminación de ese privilegio obsceno, de manera tal que el esfuerzo resulte compartido (risas).

Más allá de que la letra chica formará parte de las negociaciones internas en el frente Unidos, a nadie se le cruza por la cabeza la posibilidad de que la reforma jubilatoria en clave de ajuste sea rechazada. Será interesante observar qué pirueta retórica utilizará el socialismo en particular, cuyo paquete de diputados resulta determinante para la aprobación de los proyectos de Pullaro. Si gobernara el kirchnerismo se diría que la Legislatura es una escribanía, pero gracias a Dios eso no ocurre y las instituciones republicanas están a salvo.

Más brava, es de suponer, la tendrá el profeta libertario que subsidiariamente ejerce de presidente. No sólo porque la composición del Congreso lo obliga a negociar, como ya quedó evidenciado con la Ley Bases, sino porque las pretensiones reformistas son aún más brutales. No suenan exageradas las versiones de que el eventual proyecto oficial intentará elevar la edad jubilatoria a los 75 años, teniendo en cuenta el perfil de un gobierno que se jacta de su crueldad.

Tampoco debería sorprender una intentona de retorno a las AFJP. De hecho, el punto 8 del Pacto de Mayo original decía: “Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”. El último tramo de la oración fue finalmente borrado a pedido de los gobernadores firmantes.

Sería curioso, si no fuera previsible, que el argumento de este tipo de propuestas sea la necesidad de equilibrio fiscal. En la fatal privatización del sistema previsional argentino, las AFJP se llevaron los aportes y el sector público se quedó pagando jubilaciones. Y luego, con Néstor Kirchner en la presidencia, el Estado debió salir a sostener un piso mínimo de ingresos ante los haberes miserables que pagaban las administradoras. Lindo chiste el del superávit.

Pero además, cualquier esquema será insostenible si la idea es someter al país a una recesión de dimensiones bíblicas sin final a la vista. ¿Qué contribuciones patronales harán las fábricas, los talleres y los comercios si caen como moscas porque no venden nada?  ¿Qué aportes personales harán los trabajadores si son ganados por una desocupación que se acelera dramáticamente? Para que haya un sistema previsional sustentable, debe haber algo parecido a un país.

Por eso mismo, tanto el debate provincial ya lanzado como la puja nacional que se asoma adolecen, al menos hasta ahora, de un elemento clave: el régimen jubilatorio debe ser discutido como parte de un modelo, no como una isla. Se trata, más allá de las necesarias cuentas fiscales que se hagan, de una definición política.

Hubo un tiempo, hace no tanto, en el cual el sistema previsional argentino cubría a casi todos los compatriotas en edad de jubilarse, garantizaba haberes que le ganaban a la inflación, pagaba salarios familiares y asignaciones por hijo por encima del ritmo de los precios, otorgaba becas y distribuía computadoras a los estudiantes, y hasta financiaba créditos hipotecarios a tasas ridículas. Todo ello, con superávit o, en el peor de los casos, con un déficit levísimo.

Sí, acertaron: fue en esa época.