Esta tarde, las sedes Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia fueron escenarios de una serie de allanamientos que tomaron por sorpresa a todos.

El operativo se concretó por orden del Ministerio Público de la Acusación, más precisamente de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que son quienes llevan adelante la causa.

Según pudo saber Santa Fe Plus, en el allanamiento se secuestraron celulares de funcionarios políticos. Entre ellos el del Secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, quien llegó a la gestión cuando asumió Marcelo Sain. Se trata de uno de los funcionarios de más alto rango de la cartera.

También allanaron computadoras en las oficinas del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

En marzo de este año, los diputados de (en ese entonces) el Frente Progresista, Juan Cruz Cándido (presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe) y Lionela Cattalini presentaron una denuncia contra el ministro de Seguridad Marcelo Sain en el Centro de Justicia Penal de Rosario, por una compra de armas. Ambos pertenecen al sector que lidera el ex Ministro de Seguridad, y también diputado, Maximiliano Pullaro (en estas últimas elecciones, candidato de Juntos por el Cambio). De hecho Cándido fue funcionario de seguridad durante la gestión anterior.

En ese momento Cándido y Cattalini hablaron con los medios y calificaron de “inédita” la licitación del Ministerio de Seguridad que suspendió la Justicia y que pretendía que una sola empresa abasteciera a la provincia de 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, seis fusiles semiautomáticos para francotirador y seis fusiles para francotirador de cerrojo manual. Según Cándido, "se forzó el pliego de manera tal que las empresas tenían que proveer todas las armas en lugar de hacer tipo por tipo, queremos que se investigue si esto se hizo adrede”.

En la sede de la cartera de seguridad de la capital provincial, las oficinas allanadas son la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

El conflicto tuvo su inicio en una queja que realizó la firma Bersa S.A., que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional, al sentirse afectada por el pliego licitatorio.