El anuncio sobre la inminente implementación de los vouchers educativos generó revuelo en la discusión política pero también expuso algunas inconsistencias en el criterio del Ejecutivo a la hora de direccionar sus prioridades. 

Es que uno de los requisitos que se le pedirán a las familias que quieran acceder a ese beneficio, es que sus ingresos no pueden superar $1.400.000. Pero en paralelo, desde Casa Rosada insisten con el proyecto para restituir Ganancias, considerando que deben pagarlo aquellos que ganan $1.250.000.

Es decir, desde el gobierno consideran que aquellas familias que perciben $1.400.000 son lo suficientemente pobres como para recibir la ayuda del Estado a través de la subvención de la cuota privada de sus hijos, pero en simultáneo consideran que alguien que cobra $1.250.000 tiene que pagar el impuesto a las ganancias. 

La decisión del Ejecutivo se da en un contexto de recorte presupuestario a la educación pública, reflejado en transferencias directas al sector, ajustes en negociaciones paritarias y suspensión de programa educativos. De hecho desde Amsafe ya advirtieron que esta medida está vinculada al avance en la privatización de la educación pública.

El beneficio que lanzó el Ministerio de Capital Humano pretende "ayudar a familias que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más de parte del Estado y una cuota que no supere los $54.396".

De acuerdo a lo que indicó el Gobierno, recibirán vouchers educativos aquellos padres que no superen un ingreso familiar menor a 7 veces del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $202.800, equivalente a $1.419.600.

Este último parámetro genera discordia, ya que así como el Estado cree que es suficiente para considerar pobres a quienes perciben ese monto de ingresos, también consideran que un monto similar es suficiente para aplicarle Ganancias. 

Cabe recordar que el gobierno retomó su iniciativa para modificar el impuesto a las Ganancias, que volvería a un escenario similar al que regía antes de los cambios en 2023 e implicaría que 1,5 millones de asalariados volverían a estar alcanzados. 

Pasando en limpio, la propuesta del Ejecutivo prevé que empezarán a tributar los asalariados que alcancen un salario bruto de $1.250.000 en el caso de los solteros (empleados o jubilados sin deducciones por familia), que redunda en un ingreso neto de $1.053.291.