Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, citó al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, y otros exfuncionarios de esa cartera, para dejar en claro el marco legal en el que encuadran la investigación que llevan adelante: en este caso, una asociación ilícita, por presunto "espionaje ilegal".

Más precisamente, les endilgan "abuso de autoridad y violación a la ley 25.520 (ley de Inteligencia Nacional).

Sain no está en el Ministerio desde marzo de este año. Los demás funcionarios investigados, renunciaron el 26 de noviembre, horas después de los allanamientos dispuestos por el MPA. Aunque su renuncia estaba a disposición del actual Ministro, Jorge Lagna, desde varios días antes.

La semana pasada, Sain presentó un escrito en el que apunta a la actuación de los fiscales. Además, solicitó un hábeas corpus para saber si pesa sobre él alguna orden de detención. La solicitud se respondió de forma negativa.

También requirió copia del legajo y material fílmico. En ese sentido, su abogado, Hernán Martínez, fue claro: "Si como ellos dijeron después, no fue un allanamiento sino que se solicitaba un pedido de informes, ¿por qué al ingresar a las oficinas obligaron a todos a entregar carteras y bolsos, a dejar a los investigadores sus celulares y computadoras? Eso es claramente un allanamiento, pero hecho sin la correspondiente orden judicial que lo disponga".

“Sin perjuicio de la ampliación de los fundamentos aquí vertidos al momento de acceder a las constancias del legajo fiscal, viene a denunciar en esta instancia severas irregularidades en el marco de la medida realizada en las oficinas de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe el día 26 de noviembre de 2021”, precisa la nota. Y destaca algo que seguramente traerá discusiones de cara al futuro: “Se deja asentado que si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal”.

Todo indica que el Ministerio Público de la Acusación pretende que la investigación siga dentro de su órbita, mientras que la defensa de Sain entiende que debe pasar al fuero federal.

Denuncian serias irregularidades en los allanamientos al Ministerio de Seguridad