El fiscal federal Walter Rodríguez elevó un pedido formal para ampliar la indagatoria contra Ángel Yamil Benavídez, único imputado en el caso denominado Cueva del Puerto, por considerar que la operatoria realizada con 39 tarjetas de débitos de distintas identidades constituyen un nuevo delito federal "en contra de la de pública".

Esta carátula podría añadírsele a las ya imputadas violaciones contra los artículos 173 inciso 15 del Código Penal (defraudación mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito), 303 (recibir dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con "el fin de que les de la apariencia posible de un origen lícito”), 310 ("intermediación financiera no autorizada") y el 285 en función del 282 (falsificación e introducción de moneda que tenga curso legal).

Estas acusaciones se desprendieron luego de que le secuestraran a Benavidez, en el departamento que alquilaba en Puerto Amarras, más de 45.261.600 pesos, 83.172 dólares, 22.035 euros y 23.000 reales.

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Ahora, el fiscal Rodríguez entiende que están las condiciones dadas para tomar “la falsificación de las tarjetas de débito como un delito equiparable a la falsificación de la moneda nacional, por eso se lo considera un delito federal”.

En su escrito también recuerda que “la alteración del nombre que figura como titular de la tarjeta no se corresponde con la real identidad de quien gestionó la expedición de los productos financieros, con la gravedad que lleva implícita el hecho de que Benavidez haya diversificado su intervención en 39 ocasiones valiéndose del uso no autorizado de datos”.

Así, “la maniobra bien puede simplificarse en la descripción de un mismo suceso repetido en 39 ocasiones, sin perjuicio que cada uno de ellos queda atrapado en más de una figura legal”.

Una foto al documento

El secuestro de las 39 tarjetas de débito constituyen una pista fundamental para circunscribir el área de acción de la presunta cueva financiera gestionada por Ángel Yamil Benavídez.

Tal como se desprende del escrito del fiscal Walter Rodríguez, las 39 tarjetas de débito allanadas fueron en su totalidad “otorgadas por el Banco Santander” a favor de 39 personas distintas.

Asimismo, muchos de estos plásticos secuestrados “contaban adherida en el anverso una etiqueta con el número ‘1905’ el cual podría corresponder a la clave de acceso bancario”.

También encontraron “una carpeta con fotocopias correspondientes a un total de 39 Documentos Nacionales de Identidad (en anverso y reverso), identificados con la letra “P-P” y un número asignado”, además de “chips de telefonía fichados con los mismos números que las fotocopias de DNI”.

De tal forma, el fiscal Rodríguez concluye que “el hallazgo de estos elementos (las 39 tarjetas) y las numerosas triangulaciones posteriores producidas dentro de los sistemas financiero y bursátil claramente adjudicados a Benavidez, me permiten sostener que la evidencia hasta aquí reunida es demostrativa de la participación material del nombrado en la etapa de la apertura de cuentas bancarias con el objetivo de operarlas bajo identidades extrañas a la propia (la de Benavidez)”.

Tal hipótesis fue acompañada con el testimonio de muchos de los titulares de las respectivas tarjetas, quienes ante el juez señalaron:

—“Mire señor yo no pedí ninguna tarjeta ni abrí una cuenta en ese banco, yo solo cobro el IFE en el Banco Santa Fe”

—“No señor esa tarjeta que me muestra no es mía, yo no uso tarjetas, nunca adquirí paquetes financieros con ese Banco Santander, jamás presté mi documento y tampoco le di mis datos a nadie. (…) hace un año perdí mi documento pero lo pedí de nuevo y me lo dieron enseguida. Esa tarjeta no me pertenece.”

—“Ahora que hago memoria en el mes de junio o julio, antes de las últimas elecciones, anduvieron en el barrio cuatro personas desconocidas, ellos andaban por el barrio en un auto color azul, ofreciendo $600 pesos por el solo hecho de que le prestemos el documento para sacarle una foto, a mi me pareció raro que den plata así porque sí, pero como andaba con necesidad acepté

—"No es mía, yo soy albañil. Pero hace tres meses en la plaza del barrio unos políticos me dieron $2000 pesos a cambio de que le preste mi DNI, ellos sacaron una foto y te daban la plata (…) yo lo hice por necesidad, ese día muchos vecinos se acercaron para agarrar la plata que esta gente daba.

Rodríguez señala que fueron fotografiados documentos de “seis personas del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina de Santo Tomé, nueve de barrio Las Vegas de Santo Tomé, entre otros diversos, como así, que por las cercanías entre sus domicilios, mucho de ellos son vecinos y/o familiares entre sí”.