Desapareció un millón de dólares, pero para la fiscal "no se perdió evidencia"

De la redacción de Santa Fe Plus

El 11 de febrero de 2020, Hugo Oldani fue asesinado en su local comercial, ubicado en la galería Rivadavia. El crimen provocó una conmoción en la ciudad: ocurrió a plena luz del día, en el microcentro santafesino. Oldani era un conocido empresario que administraba la firma "Oldani Turismo" que, en realidad, funcionaba como fachada de una cueva cambiaria.

Su homicidio dio inicio a tres causas judiciales. Una de ellas puede tener consecuencias institucionales graves: allí fue imputada la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro. ¿Por qué? Era la encargada de preservar la escena del crimen, donde se habían encontrado 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares. Pero hizo todo lo contrario: ordenó levantar la custodia y acompañó, personalmente, a los familiares de Oldani al lugar, que se retiraron con dos bolsos, una mochila y una caja azul. El dinero nunca apareció.

El descargo de la fiscal

Los integrantes de la comisión de Acuerdos de la Legislatura decidieron investigar la actuación de Ferraro, procesada por la Justicia federal. Tras una conferencia del diputado Leandro Busatto, el pasado 8 de junio, los legisladores votaron por unanimidad el 22 del mismo mes la moción para conocer cómo actuó Ferraro y por qué permitió que familiares de la víctima ingresaran a las oficinas donde se había perpetrado el crimen y retiraran documentación, además de dólares y pesos.

La comisión evaluó los antecedentes enviados por la Justicia federal, la Auditoría del MPA y el fiscal regional Carlos Arietti, superior directo de Ferraro. De la reunión de comisión participaron Joaquín Gramajo (presidente), Clara García (PS), Lionella Catallini (PS), Lisandro Enrico (UCR), Maximiliano Pullaro (UCR), Julián Galdeano (UCR), Leandro Busatto (PJ), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Gabriel Real (PDP). Por su parte, Rubén Pirola (PJ), Alcides Calvo (PJ), Fabián Bastía (UCR), estuvieron ausentes. En esa misma reunión se decidió que Busatto sea el miembro acusador de la Comisión.

Ante esa Comisión, la fiscal Cristina Ferraro hizo su descargo, que ya está en manos de cada uno de los legisladores y legisladoras, y al que Santa Fe Plus tuvo acceso.

En primer lugar, Ferraro sostiene que "la garantía del non bis idem" impide "un nuevo procedimiento con base en el mismo hecho cuando existe una sentencia o resolución firme o cuando el hecho está siendo objeto de un proceso en desarrollo". Allí agrega que "dicha garantía se ve vulnerada a partir de la nueva acusación presentada por el diputado acusador, pues existe identidad de sujeto, objeto y causa entre la acusación de la auditora del MPA y la presentada por el diputado Busatto".

En concreto: Ferraro dice que ya estaba atravesando un proceso, iniciado por el MPA, y que no puede iniciarse otro por el mismo hecho. La diferencia entre ambos no es menor: mientras dentro del MPA corría el riesgo de ser suspendida por 60 días, en la Comisión de Acuerdos se evalúa, directamente, su destitución del cargo.

Pero lo más curioso es la defensa que la fiscal hace de su actuación. "En reiteradas ocasiones expliqué desde un principio que Virginia Oldani solicitó retirar el DNI de su padre, que bien podría haber estado en esa oficina", afirma en su escrito, dando a entender que sólo les permitió ingresar para retirar "efectos personales".

En primer lugar, esto se contrapone con las declaraciones que Virginia Oldani y su esposo, Diego Medera, hicieron ante la justicia: "Fui con mi marido a retirar el dinero, porque la fiscal Cristina Ferraro nos autorizó a retirar todo lo de valor. Después de que finalizó eso entré con mi marido y cargamos todo el dinero en una mochila y dos portafolios que se encontraban en los estantes", afirmó Oldani.

Medera agregó: "Fui con mi esposa a retirar el dinero porque la fiscal que lleva el caso autorizó para que se retirara todo el dinero y elementos de valor, por lo que ingresamos con mi esposa y guardamos el dinero que se encontraba en la oficina de Hugo, en una mochila y una caja azul".

Pero además, la fiscal estaba presente ese día en la galería. Y vio cómo Oldani y Medera ingresaban a la oficina de Oldani Turismo y se retiraron "con dos bolsos, una mochila y una caja azul". Evidentemente, no necesitaban eso para retirar simplemente un DNI.

"Mal podría una fiscal decidir por sí o autorizar la devolución de esta o de cualquier otra suma de dinero. En otras palabras: nadie autorizó nada en relación al retiro del dinero, y si correspondía autorizar, tal posibilidad escapaba a al suscripta", afirma en otra parte del texto. Es decir: insiste respecto a que no autorizó "el retiro del dinero" y que si alguien debía hacerlo, era algún superior. Ante la acusación de que nunca comunicó por escrito sobre lo que había ocurrido, sostiene que lo hizo verbalmente ante la fiscal Mariela Jiménez y el Fiscal Regional, Carlos Arietti.

Por último, asegura que la desaparición del dinero no significó que se hayan perdido "evidencias". "En todo caso, no se han incautado objetos materiales (dinero), cuya prueba o evidencia en el lugar del hecho es indiscutida, al extremo que se le reprocha a la sumariada haber permitido que los familiares de Hugo Oldani retiren del lugar esos bienes físicos, cuya presencia en el lugar está fuera de cualquier difusión", precisa.

"Lo que los familiares de Oldani no se han llevado, ni han podido borrar en todo caso, son las evidencias o las pruebas de que esos bienes físicos (dólares y billetes de moneda nacional) estaban en el lugar", agrega la fiscal, a modo de defensa.

Los pasos a seguir

Ante el descargo de Ferraro, la Comisión de Acuerdos tiene hasta el 9 de septiembre para formular la acusación y continuar con el proceso.