Docentes rosarinos marchan a Gobernación por la seguridad en las escuelas
Luego de los atentados contra escuelas de Ludueña y Empalme Graneros, Amsafé promovió la suspensión de clases allí, y llamó a manifestarse ante el Ejecutivo. "Acostumbrarse y naturalizarlo no es el camino para salir de este problema", afirmó un referente del sindicato docente.
La ola de violencia que avanza sobre la ciudad volvió a atentar contra las escuelas. Este fin de semana dos instituciones educativas provinciales fueron baleadas, una ubicada en barrio Ludueña y otra en Empalme Graneros, donde concurría el niño asesinado Maxi Gerez. El ataque incrementó la preocupación por parte de la comunidad educativa que definió suspender las clases este martes y manifestarse frente a la sede de Gobierno provincial a modo de protesta.
Los docentes marchan esta mañana de martes para visibilizar la difícil situación que atraviesa la comunidad educativa y para solicitar “mínimas garantías de seguridad para el personal y los estudiantes que asisten a clase”, detalló en diálogo Leo Ricciardino por Sí 98.9 Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé provincial.
“Estamos atravesando una situación muy complicada desde las instituciones educativas. Las escuelas son la primera llegada del Estado a barrios alejados y en muchos casos la única institución estatal que tienen esas comunidades. Eso es lo que se está atacando, al Estado, y a la escuela como extensión de ese Estado al que se ataca”, reflexionó el dirigente.
“No se puede naturalizar esto. Lo que avizoramos es que no hay una respuesta efectiva por parte de ningún estamento del Estado. Entendemos también que es un fenómeno nuevo, que nadie tiene soluciones ni respuestas a esto, por lo que se requerirán articulaciones entre distintos actores para poder efectivamente encontrar soluciones”, afirmó el dirigente gremial.
En este sentido aseguró que "se observa un creciente malestar en distintas capas de la sociedad que vienen sufriendo distintas situaciones -pandemia, falta de gas en el invierno, ola de calor, conflicto salarial- con poca capacidad de respuesta y de salvataje por parte del Estado para muchas comunidades.