El revuelo por la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery cobra cada vez más trascendencia en el Ministerio Público de la Acusación. Son las derivaciones de los audios que aquellos ventilaron en una audiencia imputativa y que revelaron un sugestivo vínculo entre el fiscal y Sandra Ortigala, una informante clave en el juicio contra el líder narco Esteban Lindor Alvarado que ahora está imputada por integrar la organización narco que comanda Ariel “Guille” Cantero.

Este viernes, la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, ordenó iniciar un proceso de monitoreo en tres áreas de la Fiscalía Regional 2. Será por 90 días e incluye a la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos; al Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego y a la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario.

La decisión de la titular del MPA fue tomada a través de la resolución número 337, en la que refiere que “se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales”, y agrega que ello “no puede constituir un obstáculo para que el Ministerio Público de la Acusación asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario”.

En el mismo documento, Vranicich propone que el Auditor General de Gestión, Leandro Mai, sea quien ejecute el proceso dispuesto. Asimismo, la funcionaria indica a la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General que preste apoyo institucional y articule el proceso con la Fiscalía Regional 2.

Por otra parte, la Fiscal General instó a los órganos fiscales a realizar sus denuncias, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes.