Hay 449 adultos mayores detenidos en cárceles federales
La cifra expresa el 3,9% del total de la población privada de libertad en ese ámbito. Un informe de la procuraduría especializada se centra en el encarcelamiento de personas mayores de 60 años, que constituye una población vulnerable sobre la que existen previsiones específicas en las normas locales e internacionales para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.
(Fuente: Fiscales.gob.ar) | La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que, al 30 de junio de 2023, de las 11.381 personas detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, 449 corresponden a la población adulta mayor, de 60 años o más. La cifra expresa el 3,9% del total de la población privada de libertad en el SPF y es parte del reporte Población adulta mayor privada de libertad - Servicio Penitenciario Federal, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada y difundido en vísperas del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, instituido por las Naciones Unidas.
El documento se centra en el encarcelamiento de personas en esta franja etaria, que constituye una población particularmente vulnerable sobre la que existen previsiones específicas para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos, reconocidos tanto a nivel internacional como en la normativa local. Al respecto, la procuraduría presenta en este trabajo consideraciones y recomendaciones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 29/2022.
El informe refiere que la población adulta mayor privada de la libertad muestra una evolución interanual descendente desde el año 2018. Indica que el descenso se vio probablemente acentuado por medidas tomadas en el marco de la pandemia de COVID-19 y que actualmente se mantiene en esa tendencia. La evolución se expresa escalonadamente en las siguientes cifras: en 2017, 651 adultos mayores; en 2018, 667; en 2019, 638; en 2020, 490; en 2021, 458; y en 2022, 455.
De esta manera, se registra una curva descendente a partir de 2019. El notorio incremento de la población general entre 2018 y 2019 no se vio reflejado en la franja de 60 años o más; la evolución interanual de esta última expone un descenso del 31% entre 2017 y 2023.
En relación a la situación procesal, el informe detalla que el 47,2% de personas adultas mayores alojadas en cárceles del SPF se encuentra cumpliendo prisión preventiva (212 casos), mientras que el resto corresponde a personas condenadas (237 casos). En términos relativos, la distribución es similar a la de la población general detenida en los mismos establecimientos. En ambos casos, las líneas temporales reflejan que la cantidad de personas condenadas se incrementa, al tiempo que la de procesadas decrece.
En relación a la distribución de la población de adultos mayores según las jurisdicciones, el reporte precisa que 269 están a disposición del fuero federal (59,9%), 138 dependen del fuero nacional en lo criminal y correccional (30,7%), 28 están a disposición de fueros penales provinciales (6,2%), y 14 de las personas que componen la población analizada (3,1%) están detenidas por orden del fuero Contravencional y de Faltas porteño.
Franja etaria, género y nacionalidad
El documento estadístico también realiza un análisis de la población adulta mayor en relación a la franja etaria, al género y la nacionalidad. Detalla que la distribución según franja etaria presenta una curva decreciente a medida que se incrementa la edad. El 45,9% (206 personas) se ubica en la franja de entre 60 y 64 años, en tanto el 2,9% en la más longeva, con más de 80.
La PROCUVIN refiere que, del total de las personas de 60 años privada de libertad, el 93,1% está compuesta por hombres (418), en tanto el 6,9% por mujeres (31). No se registran personas trans en la población objeto de este informe.
El reporte registra que el 82,21% de la población de 60 años o más privada de su libertad corresponde a personas de nacionalidad argentina (369), mientras que el 17,8% proviene de otros países (80). Esta proporción se corresponde con la distribución general de la población encarcelada.
Metodología y objetivos específicos
El documento tiene, entre otros objetivos, relevar y analizar información sobre la cantidad, distribución y evolución de la población mayor de 60 años detenida, además de conocer su composición de acuerdo a variables socio-demográficas y relativas a las situaciones procesales. En este marco, busca evaluar el cumplimiento de los programas específicos elaborados por el SPF destinados a este segmento, así como la adecuación edilicia de los establecimientos que alojan adultos/as mayores. También tiene como fin contribuir a la discusión sobre la necesidad de morigerar las condiciones de detención y el impacto de la intervención penal sobre poblaciones particularmente vulnerables.
El documento es resultado de la sistematización y análisis de datos obtenidos en los datasets (o conjuntos de datos) disponibles en la plataforma CKAN 2.5, del Portal de Datos de la Justicia Argentina.
La PROCUVIN refiere que este reporte es parte de un abordaje cuantitativo y cualitativo a desarrollar en tres etapas, donde cada una alimenta la instancia posterior. En esta primera etapa se caracteriza el total de la población de 60 años o más privada de libertad en cárceles federales, mientras que en una segunda instancia se aproximará al abordaje cualitativo, a través de entrevistas en profundidad que permitan trabajar historias de vida. Esas entrevistas se realizarán al menos a tres personas detenidas que tengan 60 o más años y una trayectoria prolongada de prisionización, con el objetivo de conocer su biografía y su experiencia en contexto de encierro y las condiciones específicas de la vida en prisión para una persona adulta mayor.
Finalmente, en la tercera etapa se procederá a la recolección de datos a través de un cuestionario semi estructurado, sobre una muestra de esta población, para indagar aspectos específicos que hacen a la vida en prisión, a fin de conocer si se cumplen los estándares de derechos dirigidos a este segmento.