"Recientemente, hemos visto como las oficinas del mismo Ministerio de Seguridad fueron allanadas en forma irregular, sin que se dieran las explicaciones pertinentes que justifiquen esa acción por parte de los fiscales que la realizaron y sin la presencia de testigos. Esta situación dónde fueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas, funcionarios comprometidos con la necesaria reforma que modernice al cuerpo de policía provincial como nuestra compañera Nadia Schujman y otros funcionarios de dilatada trayectoria, no han conseguido hasta el momento otro fin que no sea desarmar el equipo de un ministerio tan sensible en momentos dónde la violencia y el delito de guantes blancos siguen campando a sus anchas en la ciudad de Rosario", denuncia HIJOS Rosario.

Schujman, abogada y militante de HIJOS, fue querellante desde 2003 en la mayoría de los juicios de lesa que se realizaron en los Tribunales Federales de Rosario. Se desempeñó como subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia hasta 2015 y luego como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad, dentro del gabinete de Marcelo Sain. "En su distinguida trayectoria, podemos mencionar innumerables tareas en defensa de los derechos fundamentales y garantías de nuestra población", completa el comunicado de HIJOS.

"Es indudable la crisis institucional y política que atraviesa nuestra provincia. Ciudadanos y agrupaciones políticas de base, vemos con indignación cómo día a día, la situación social y política no hace más que deteriorarse en la Provincia de Santa Fe. Debemos denunciar que se trata de una persecución política utilizando para ello fiscales permeables, lo que constituye un gravísimo caso de LAWFARE que, evidentemente, ya no es propiedad exclusiva de COMODORO PY", aseguran desde la agrupación. 

Schujman fue una de las funcionarias que presentó su renuncia luego de los allanamientos en el Ministerio de Seguridad. Fue quien denunció que un millón de pesos de fondos públicos habían sido usados, entre 2017 y 2018, para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Franco Casco. Específicamente, fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero cuando el Ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro. Fue también quien señaló que, en el caso de desaparición de Casco, hubo un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario, así como un encubrimiento por parte de Asuntos Internos.

"Los ciudadanos no podemos permanecer como observadores, ajenos a la situación que nos afecta y angustia todos los días. Repudiamos la persecución a la que está siendo sometida nuestra compañera y el avasallamiento por parte de los medios hegemónicos cómplices", afirma el comunicado, que convoca a solidarizarse y repudiar la situación. "Consideramos que la democracia santafesina se encuentra en un grave riesgo mientras no se investiguen los vínculos entre el delito organizado y la política o sectores de la policía y se continúe hostigando a quienes trabajaron para develar el entramado corrupto y mafioso que acecha a nuestra provincia", concluye HIJOS Rosario.