Por Laura Hintze

Un cuerpo aparece calcinado en un auto, en un descampado de Aborígenes Argentinos al 7100, en Rosario. Hechas las pericias, se sabe después que ese cuerpo es el de una mujer, Georgina Maricruz Olguín, que tenía 24 años y un embarazo de 9 meses. El buen trabajo periodístico, además, revela que detrás de ese cuerpo, ese nombre y ese embarazo, hay una historia: la de una joven que vivió toda su vida en la más oscura vulnerabilidad. Georgina, además de esa historia y ese cuerpo, es un número: el de los muertos que contamos todos los días en Rosario, también el de las muertas que contamos todos los días en el país. 

De los 29 femicidios que registró en la provincia el Observatorio de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres y Diversidad, que tiene al frente a la concejala Norma López, 24 pertenecen al departamento Rosario. De ese total, 20 mujeres fueron asesinadas en contexto de criminalidad, algunas de ellas con sus hijos e hijas. “Parte de la sociedad ha naturalizado que nuestras mujeres y niñas sean asesinadas en contexto de criminalidad, con poca interpelación sobre el mensaje de sectores poderosos, patriarcales, violentos y de economías delictivas”, sostuvo López cuando se difundieron estos datos, no en cualquier marco, sino en el de un nuevo aniversario de Ni Una Menos. 

Lo cierto es que estos casos son cada vez más frecuentes y empiezan a modificar el patrón de contar, en balaceras y peleas entre bandas, a pibes, menores y pobres, muertos. Ahora, entre esos números, también están las pibas. Y frente a eso, los desafíos y la necesidad de empezar a mirar los casos y escenarios con otra perspectiva, una de género. 

Mirar las escenas con lentes violetas

Georgina Pairola, fiscal de Homicidios Dolosos, asegura que no es la misma que en 2016, cuando asumió su cargo. La diferencia está en, como se dice desde hace unos años, “mirar con gafas violetas”, es decir, la perspectiva de género. “Nos ha cambiado la cabeza, la capacitación, las relaciones interpersonales con nuestros colegas, la conformación de la fiscalía, cómo nos relacionamos con otros poderes, incluida la policía”, enumera en diálogo con RosarioPlus.com. Ese cambio también se pone en juego en la escena de un crimen. 

“Observamos un aumento de casos de mujeres víctimas en contextos de violencia armada, y no sólo mujeres, sino también niños y niñas. Son sobre todo víctimas, porque aún no hay un patrón en el que se las observe empleando las armas de fuego o acompañando a personas que las emplean. Pero sí hay aumento de estos casos”, dice la fiscal. 

No toda muerte o asesinato de una mujer se conforma en un femicidio. Para que estas víctimas se investiguen como víctimas de violencia de género hay que analizarlo todo: el contexto, los autores, las mecánicas del hecho. Cada caso se tiene que analizar en particular y concreto y tal vez, entre esos fundamentos del crimen, aparezca el hecho de que sea mujer. “Todas las personas en este mundo de la violencia son vulnerables. Pero para las mujeres esa vulnerabilidad es mayor, muy equiparable a los menores”, explica Pairola. 

Muchas veces estas víctimas “estaban en el lugar”, como ser un búnker. “Y en esos lugares no es sólo trabajar para alguien, un hombre por lo general, sino ser objeto y propiedad de esa persona. Es una forma de reproducir la vulnerabilidad”, continúa la fiscal. Y profundiza: “Muchas veces, las mujeres e infancias también son nexos, son todo lo que circunda a esa persona o banda y sobre ellas cae esta cuestión de ‘matarle hasta el perro’. Y eso también es la ruptura de un código. La familia, la madre, la mujer, no se tocaban. Hasta que pasó”. 

Perspectiva de género para todas: víctimas y partícipes

Luciana Vallarella, fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, explica que, dentro de la clasificación de los contextos femicidas, está el femicidio dentro de la criminalidad organizada, es decir, cuando la mujer es utilizada como objeto de venganza en un enfrentamiento entre bandas. “No toda muerte de una mujer constituye un femicidio, pero habrá que ver si se da el contexto, es decir, si encuadran en un femicidio, si fueron utilizadas como una cosa, un medio para vengarse”, profundiza. 

Desde la Oficina de Violencia de Género del MPA, se han trabajado protocolos de femicidios e informes de femicidio y violencia de género. De a poco, a medida que aumentan los casos con mujeres e infancias víctimas de la violencia criminal en Rosario, se empieza a hablar de estudiar estas situaciones y generar recomendaciones de este tipo, aunque, asegura Lavarella, la consulta aún no ha surgido de parte de los fiscales que trabajan los delitos de homicidio. 

Además de estos protocolos y de la capacitación por Ley Micaela, la realidad empieza a pedir más herramientas para ver los asesinatos con otras miradas. “En la oficina tenemos una formación específica y experiencia diaria para abordar estos casos desde una perspectiva de género. Entiendo que sería interesante empezar a ver estos casos de esta forma, porque nosotras sostenemos que la perspectiva de género debe estar presente en todas las investigaciones. Aplicar el derecho lisa y llanamente sin esta perspectiva puede derivar en injusticias”, explica la fiscal. Y remarca que no sólo debe considerarse frente a las víctimas, sino también cuando la mujer aparece como autora de un delito o partícipe de una organización criminal. “Es necesario hacer estos otros análisis, tener esta perspectiva de género, para saber quiénes son, cómo llegan, cómo se establecen las jerarquías, para saber y establecer los grados de responsabilidades”, subraya. 

Para Lavarella, sin embargo, todo lo que puede hacer el Poder Judicial es parche si no se generan políticas públicas que busquen lograr la autonomía de las mujeres. “Hay que partir de eso, la autonomía. Si eso no está resuelto es muy difícil abordar los casos en los cuales las mujeres son protagonistas. Y eso depende de otras áreas. Hay que ampliar la mirada y ver qué están haciendo otras instituciones y otros poderes”, sostiene.  

Las madres y las abuelas siguen marchando 

Los juzgados de familia de los tribunales provinciales son ese otro rincón donde la narcocriminalidad empieza a impactar: directamente y sin piedad. “Nos llegan casos impregnados de situaciones que tienen que ver con la narcocriminalidad. Y dentro de esas violencias, la gran mayoría son de género”, asegura a este medio la jueza de familia Andrea Brunetti. Por eso, sostiene, y que valga la redundancia en la nota, que la perspectiva de género tiene que estar presente a la hora de analizar los casos de violencia familia, “porque permite visibilizar desigualdades y eso ayuda a entender la verdadera problemática del caso”. 

Los casos de violencia familiar que llegan a estos juzgados están atravesados por la droga, sea por consumo y adicciones o narcomenudeo, es decir, que las familias se dedican a la comercialización y viven de eso.  Y la mayoría de esos casos aparecen por la desesperación de las madres y abuelas que marchan, como lo han hecho históricamente, por los pasillos del poder judicial. 

“Son las madres de las personas condenadas, o en proceso penal, o detenidas por delitos relacionados a las drogas y narcocriminalidad sobre todo. Son madres de muchos adolescentes que no saben qué hacer con sus hijos que consumen y que las golpean, le rompen todo. No saben tampoco qué hacer con sus nietos. Estas mujeres no dan más”, describe Brunetti. La jueza explica que desde los juzgados de familia se interviene para dictar medidas de prevención y hacer cesar la violencia, porque el Poder Judicial ya no dispone de medios para hacer tratamientos contra, por ejemplo, las adicciones. “Pero las madres vienen a la justicia, vienen a nosotros o los tribunales de menores. Es un peregrinaje”. 

“El estado ejecutivo, administrador, está muy ausente. Santa Fe tiene una eterna deuda en materia de adicciones y hay además una extrema ausencia de la Dirección Provincial de Niñez y del servicio municipal. Con eso renegamos todos los días. Y eso merece también perspectiva de género”, concluye la jueza.