Los detalles de la causa por juego ilegal que involucra a fiscales y políticos

Este martes se conoció, en la sede del Centro de Justicia Penal en Rosario, la acusación formal planteada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el juego ilegal. La investigación presentó pruebas en un trabajo de 266 páginas en las que se sostiene que existía en la provincia de Santa Fe una asociación ilícita que recaudaba dinero a cambio de permitir el funcionamiento de garitos ilegales, integrada por diversos actores de la política, la policía y el Poder Judicial.  

Para Edery y Schiappa Pietra, que integran la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, el jefe de ese grupo que usufructuaba sus lugares de poder para permitir la continuidad del juego ilegal en Santa Fe, era Patricio Serjal, jefe de los fiscales rosarinos. Para él, piden 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por maniobras de corrupción ligadas al juego clandestino. 

La expectativa es llegar a un juicio oral para presentar el resto de las pruebas. Cabe recordar que las primeras pistas que permitieron dar con esta red que protegía al juego ilegal se abrieron con el la investigación por el asesinato en el casino City Center. 

Los roles de cada uno y la nafta paga 

El documento presentado por Edery y Schiappa Pietra detalla que la asociación ilícita tenía numerosos integrantes y roles, pero define tres organizadores: el senador provincial Armando Traferri, el capitalista del juego ilegal Leonardo Peiti y el fiscal Patricio Serjal.

La duración temporal de la red va "al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en fa cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el Dr. Rossini y el Sr. Gustavo Ponce Asahad). Y funcionaba en la ciudad de Rosario, Galvez, Villa Gobernador Galvez, Reconquista y Rafaela".

La acusación presenta pruebas con algunos detalles imperdibles, como la reunión que mantuvo Serjal con Leonardo Peiti, capitalista del juego ilegal. Fue en Buenos Aires y el entonces jefe de los fiscales rosarinos viajó con chofer y presentó luego los viáticos por el consumo de nafta. El encuentro fue el 14 de noviembre de 2019 en el hotel Etoile. "Al viaje lo realizó en un vehiculo Toyota Corolla, dominio AC 784 ZF, conducido por chofer oficial, y solicitó a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos en dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a su nombre". Un verdadero caradura, dirían en el barrio. 

Pasaban información al mundo del hampa

Nelson Ugolini, que trabajaba para el fiscal Ponce Asahad, tenía un rol secundario aunque importante en la organización, ya que tenía como tarea transmitir información reservada: "Informaba a Leonardo Peiti sobre las causas en las que él figuraba como sospechoso por juego clandestino y en las que estaban involucrados miembros de su negocio ilícito y sobre allanamientos en domicilios donde existían salas de juego ilegal", señala la acusación.

En otro tramo, al propio Serjal le señalan haber transmitido información relevante para una investigación, en este caso muy pesada: el 8 de enero, se detuvo a dos personas que portaban un arma no declarada, en un auto VW rojo al que en un control de rutina la Gendarmería había encontrado flojo de papeles (tenía la patente cambiada, respecto al número que figuraba en los cristales). A la postre, resultaron ser quienes estaba previsto que atentaar contra el casino, hecho que se consumó tres días después pero con otros sicarios al frente.

Al producirse esa detención, uno de los integrantes de la banda mafiosa llama a Leonardo Peiti para ver si puede interceder ante los fiscales para liberar a los presos. Quien responde a las gestiones es el propio Serjal, que le manda a Peiti un Whatsapp con una captura de pantalla, sobre la causa que se había abierto tras encontrar a esas dos personas con antecedentes, con un arma no declarada y circulando con un auto flojo de papeles. 

En junio de 2020, otra vez Patricio Serjal se comunica con Leonardo Peiti. Lo mismo hace el abogado Aníbal Porri. La causa por el asesinato en el casino ya había detectado una mafia que actuaba para proteger el juego ilegal, que había intentado extorsionar al City Center. Y es por eso que ambos le recomiendan a Peiti que cambie de teléfono, porque tenía la línea intervenida. 

Las manos en la masa

Como está dicho, el 8 de enero de 2020 se produce la detención de quienes iban a ejecutar el ataque al casino -que finalmente se haría de todos modos, aunque el día 11 y con otros autores-. Al día siguiente hay intensas gestiones de Peiti para lograr la liberación de los presos. En la acusación de Edery y Schiappa Pietra se registra un intercambio de chats ese 9 de enero entre el capitalista del juego ilegal y "Cachete" Díaz, que hacía de intermediario con el instigador del atentado, Guille Cantero. 

En esa conversación, Peiti le dice que pudo averiguar la situación de los detenidos, Quintero y Recaldez, reenviando un chat que le había enviado alguien que trabajaba dentro del MPA. El mensaje decía: "Y Hernán Horacio Quinteros. En esta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9 mm cargada. Le metieron portación de guerra. Fue ayer. Por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí. En un mes le podrían dar la libertad, no tiene antecedentes". 

El chat había sido enviado a las 13.37 por Peiti a su interlocutor, "Cachete" Díaz. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra revisaron los ingresos al sistema informático del MPA. Y catorce minutos antes quien se había conectado para ver el estado de esa causa mencionada en el Whatsapp había sido el ya mencionado Nelson Ugolini.

Aunque luego, aparece en la investigación un detalle digno de las mejores películas del agente 007: para confirmar la pista de que esa conexión de Ugolini era la que había conseguido información que después era pasada a los integrantes de la red de juego ilegal, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada analizaron la forma en la que este empleado del Poder Judicial -ahora también imputado- escribía sus mensajes. En numerosas comunicaciones con personas de distintos ámbitos repetía el latiguillo: "Ahora me fijo qué historia". Pues bien, en la captura que Peiti le había enviado al intermediario que usaba en esos días Guille Cantero para llevar adelante sus extorsiones, quien le había enviado un mensaje con datos desde el MPA utilizaba justamente esa referencia. Entonces, era Ugolini. 

El capítulo Traferri

Uno de los subtítulos de la acusación lleva el nombre del senador provincial Armando Traferri: "Con el correr de la investigación se pudo profundizar sobre el funcionamiento de esta organización criminal y es así que llegamos a establecer que el Senador Armando Traferri tenía en la misma un rol fundamental", señala el documento.

Entre otros datos que presenta el trabajo de los fiscales Edery y Sschiappa Pietra, se muestran capturas de pantalla de fotos recuperadas de un pen drive de 16 GB en el que Leonardo Peiti iba haciendo backups de su teléfon y que luego decidió aportar a la justicia, cuando aceptó colaborar para disminuir su pena. En algunas de esas imágenes, se ve a Traferri preparando un asado en una casa en Ricardone.

En ese mismo lugar, había registro de encuentros entre Peiti y Traferri, marcado por las señales satelitales de los teléfonos celulares de ambos. Además de numerosos cruces de llamadas entre los dos, con anterioridad a la fecha en la que el legislador planteó haber tenido algún tipo de contacto con un intermediario por una propuesta que le quería hacer el capitalista del juego clandestino a él, para que lleve a la Legislatura.  

La mención a Marcelo Sain

La acusación también reconstruye el armado interno del Ministerio Público de la Acusación y cómo durante 2020 -a medida que avanzaban algunas investigaciones en la provincia- había ciertos actores de la política y el Poder Judicial que estaban preocupados. 

Lo que sigue es la desgrabación de un audio entre el ya nombrado Nelson Ugolini y una funcionaria del MPA, Melisa Serena. En el inicio de la charla, le pregunta si puede hablar y ella responde que no, porque está en una clase vía zoom (plena vigencia de la cuarentena). Luego, intercambian datos sobre Serjal, Traferri y Ponce Asahad.

Y Ugolini le dice: "Rubia, sí el tema es así o sea viste yo acá trato de conseguir la info a través de los mismos policías, el tema es ehh... se que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles, porque no creo que sean tan idiotas siendo fiscal de San Lorenzo, de enfrentarte al Pipi Traferri. Es lo más peligroso que podés hacer, o sea es como allanarle la casa a Baclini siendo del MPA de Rosario. El tema, el tema es que particularmente no te olvides que Edery hace poco terminó allanando la jefatura de San Lorenzo. Si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo, tienen que pasar Serjal, sí o sí. No lo pueden tocar sino... ehh y máxime cuando Serjal está enfrentado con Sain. El único que tiene la banca ahí de Sain es eh Baclini, hastal ahí nomás, porque me llega la info de que supuestamente se estaba quejando parte de PDI de Rosario, que había ido a San Lorenzo, un policía creo que un Herrera de apellido, que lo habían mandado de acá que había pedido un allanamiento en calle Vélez Sarsfield, de un ciber un garito no sé qué historia y que no le habían dado bola. Vos metele dale para adelante cualquier cosa preguntame, que lo toco a este otro de acá en Rosario y Gustavo me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, ¿me entendés? Por culpa del idiota de Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja, justo antes de las elecciones. Este otro salió a tumbar justo juego clandestino y puerto seco. Viste, yo no creo que se vayan a meter ahí, pero viste, Sain no tiene escrúpulds, ese es el peligro más grande". 

Tras lo mencionado en el párrafo anterior, no hace falta ser Sherlock Holmes para indagar que a este grupo que vinculaba políticos, actores del Poder Judicial y policías con el juego ilegal, no veían con buenos ojos al entonces ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain. Y tampoco estaban muy conformes con la actuación del fiscal Matías Edery, que viene encabezando fuertes investigaciones desde la Agencia de Delitos Complejos del MPA.  

El vínculo con la Legislatura y con el fiscal Baclini

En enero de 2017, el juego ilegal se incorpora al Código Penal en el país. Hasta allí, históricamente había sido parte del Código de Faltas y por ello una contravención, que de hecho había sido "regulada" en el territorio por la propia policía, que debía custodiar que no existan garitos.

Pero la sanción de la Ley 23.746 modificó el Impuesto a las Ganancias e incorporó un artículo que tipificó como un delito al juego ilegal, algo que demandaban por entonces las Loterías oficiales. El artículo 301 bis determinó: "Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros". Y la penalización correría para "cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente".

Por eso es que en ese año, 2017, Leonardo Peiti empieza a contactarse con asiduidad con actores de la política, buscando amparo y continuidad para sus negocios. Eso es lo que reconstruye la acusación de los fiscales ahora.

Se verifican varios llamados y reuniones entre el ya fallecido Ricardo Paulichenco, que trabajaba como secretario legislativo y podía servir de enlace con senadores provinciales, con Peiti. En varios mensajes aparece la referencia de "llevarle plata" y se lo nombra a Traferri como posible gestor de las soluciones que pedía el capitalista del juego ilegal, que con la modificación del sistema legal estaba ahora en la mira de los fiscales. 

En una conversación del 23 de agosto de 2017, Paulichenco le dice a Peiti: "Monstro, escucha bien, mañana se juntan con el Ministro de Justicia el Pipí y el viernes se va a juntar con Baclini por el tema que me pasaste del 301". La referencia es al nuevo artículo del Código Penal. Y uno de los nombrados es el actual fiscal general, Jorge Baclini. La hipótesis es que el capitalista del juego ilegal se realcionaba con actores de la política y el poder judicial, para evitar que el nuevo escenario legal termine con sus garitos. Algo que el mismo Peiti años despuésconfesaría ante el MPA, cuando al verse cercado por la investigación de Edery y Schiappa Pietra decidió comparecer como imputado colaborador. 

Instantes después, en esa misma charla de 2017, Paulichenco escribe: "Si vas el viernes, traeme plata". Y Leonardo Peiti le responde: "Dale, mándame audio deja de hablarme que vamos terminar todos en Chinchinati demente, dale".

Vale la pena recordar una vez más que todo este trabajo de pruebas, audios y documentación que se presentó formalmente como acusación en estas primeras horas de 2022, por parte de dos fiscales en Rosario se inició de forma casi azaroza. Es que fue el asesinato del Casino en enero de 2020, lo que llevó a iniciar la investigación. Y así, fue apareciendo la trama descripta. Es que a veces, como reza el refrán popular, se empieza tirando de una hilacha, pero si se sigue se puede terminar descosiendo todo el traje.