El fiscal federal de Rosario Federico Reynares Solari pidió penas de entre 15 y 4 años de prisión por los delitos de narcotráfico y tentativa de contrabando para ocho acusados de intentar exportar 1.600 kilogramos de cocaína camuflados en bolsas de pellets de maíz con destino a España.

El cargamento había sido secuestrado por la Policía Federal Argentina (PFA) en un galpón del barrio Empalme Graneros en agosto de 2022, luego de varios meses de seguimiento, antes de que la mercadería partiera desde el puerto local con destino a una firma importadora española.

El presunto financista del tráfico internacional de cocaína, el colombiano Gabriel Jaime Londoño Rojas (55), no llegó a juicio porque recién fue capturado en noviembre del año pasado en el aeropuerto Abu Dhabi al intentar ingresar a los Emiratos Árabes.

El fiscal Reynares Solari realizó este jueves el alegato final del juicio oral en el que es juzgada la pata local de la organización internacional de tráfico de drogas desarticulada el año pasado.

Asimismo, solicitó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 penas que van de los 15 a los 4 años de prisión para los ocho acusados en el proceso, que tuvieron distintas participantes en el hecho, precisaron fuentes judiciales.

Uno de los principales acusados en el juicio son José Damián Sofía, alias “Tano”, que fue el organizador de la logística para realizar la exportación de pellets de maíz a través de una empresa santiagueña llamada “Pepe Cereales”, en cuyo embarque iba a salir la droga secuestrada en un galpón de Rosario.

De acuerdo a la investigación, el otro es Gabriel Nicolau, considerado jefe del grupo encargado de la coordinación en Argentina y enlace con Lodoño Rojas, sindicado como el financista del fallido envío de cocaína a Europa.

Para ambos, el fiscal federal solicitó al TOF 3 la pena de 15 años de prisión por los delitos de comercio de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con contrabando agravado por tratarse de estupefacientes en grado de tentativa, ya que el envío al exterior no se produjo.

Según lo ventilado durante el juicio oral, la investigación se inició por dos vías diferentes.

Por un lado, la División Operaciones Antidrogas Hidrovías del Paraná se encontraba investigando a Sofía, y por las intervenciones telefónicas pudo determinar que gestionaba una exportación de harina de soja al exterior.

Por otro, la División Operaciones Federales de la PFA inició una pesquisa a partir de una nota remitida por la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, que dio aviso de la entrada al país de Londoño Rojas. Según la investigación, el financista colombiano estuvo unos días en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con su enlace local Nicolau, quien a la vez bajaba las directivas al “Tano” Sofía y el resto del grupo.

Sofía realizó un primer envío de pellets de maíz a España, según los investigadores con el objetivo de asentar ante la Aduana una regularidad en la actividad.

Tenía previsto realizar otra exportación, de seis contenedores del mismo producto, pero la PFA secuestró el cargamento “contaminado” con cocaína en un galpón del barrio mencionado en el noroeste rosarino. 

Por ese lugar pasaron y fueron fotografiados por personal policial los otros acusados en el juicio, Oscar Rossi –mano derecha de Sofía-; Fabián Héctor Crucianelli –que mantenía vínculos con la empresa exportadora-; un hijo del “Tano” llamado Gastón Sofía; Marcos Pérez, su tío Osvaldo Gorosito y Lucas Hites, sindicados como quienes acondicionaron la droga en las biga bags de pellets guardadas en el galpón.

Para ellos, la Fiscalía solicitó en su alegato penas de 14 a 4 años de prisión, de acuerdo a la participación atribuida en la organización internacional de tráfico de cocaína.

El envío de la droga camuflada iba a salir del puerto de Rosario y sería recibida por la empresa española Agrícola Venial SL, aunque los investigadores creen que la cocaína tenía a Dubái como destino final.